La denuncia contra Javier Milei lleva la firma de los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi, quienes afirman que “la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612 (conocida como ‘Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública’)”.
Además del líder de La Libertad Avanza, la denuncia apunta contra todos aquellos funcionarios públicos que participaron en el acuerdo con el organismo financiero ya que cometieron los “abuso de autoridad, impuestos por los artículos 248 y 249 del Código Penal, que podrían encontrarse en concurso con la usurpación de funciones que competen a otros poderes del Gobierno Federal de la Nación”.
A pesar de que todavía el decreto no ha sido publicado en el Boletín Oficial, en Unión por la Patria alegaron que su denuncia se enmarca como “actos preparatorios de delitos”, que dicen que, según la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, se trata de “gravedad institucional”.
En ese sentido, la denuncia señala sobre los efectos del engrosamiento de la deuda externa argentina que “infringe la prohibición taxativa del tercer párrafo del artículo 99, inciso 3°, que inhibe, sin excusa o excepción alguna, la materia tributaria de las facultades que pueden ser ejercidas por Decreto de Necesidad y Urgencia” y la obligatoriedad de que sea tratado por el Congreso. En concreto, Unión por la Patria acusa a Milei ante la Justicia de:
- Librar oficio al Poder Legislativo de la Nación Argentina para que informe si ha recibido propuesta de Ley de la Nación que refiera a los hechos denunciados y hacerle saber de la existencia de la causa judicial “a efectos que determinen ambas Cámaras del Congreso de la Nación el poder ocurrir en calidad de querellantes”.
- Medios de prueba que el Ministerio Público Fiscal considere pertinentes.
- Que el Tribunal disponga la “suspensión de todo acto que pudiere constituir la consumación del obrar delictivo” denunciado.
- Conjunto con la vista del Ministerio Público Fiscal, artículo 180 del Código de Procedimientos en Materia Penal, se disponga la suspensión de todo acto que comporte endeudamiento no debatido ni autorizado por el Congreso de la Nación, hasta tanto se pronuncie respecto de un nuevo endeudamiento con el FMI.
- Disponga “de inmediato” y, tras la vista del Ministerio Público Fiscal, la “medida cautelar impeditiva de toda continuidad del obrar presuntamente ilícito” denunciado.
