La media sanción establece que en la recuperación inicial de las jubilaciones se pague el 8 por ciento, la diferencia entre el 20,6 de la inflación de enero y que el gobierno solo aplicó a la movilidad jubilatoria un 12,5. Así como que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor (actualmente de 250.286 pesos mensuales), más 1.09 (un 9 por ciento). Además sostiene que la fórmula de movilidad no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios; es decir que en el caso hipotético de que la inflación bajara y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) superara a la misma, las jubilaciones también percibirían el 50 por ciento de esa diferencia a través de un ajuste semestral. Y que en el caso de las deudas con las Cajas Provinciales no transferidas al Estado Nacional y los juicios con sentencia firme sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA.
En medio de un panorama incierto que en principio parecía sin salida, se alcanzó el consenso. La fórmula del acuerdo requería de varios pasos en medio de negociaciones sigilosas para que no trasciendan y enciendan las alarmas en el oficialismo y sus aliados para bloquearlo. Una muestra fue la decisión del presidente de la Cámara baja, el riojano libertario Martín Menem, que no convocó (como lo obliga el reglamento) a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión. Algo que los presidentes de los bloques políticos realizaron de manera informal antes de bajar al recinto.
El primero, que UP retiraría su propio dictamen de mayoría para pasar a tratar el de la oposición dialoguista, que encabeza la UCR y el respaldo de HCF, CC y partidos provinciales. La condición que puso UP fue que no se tocara –como proponía el proyecto de los dialoguistas— el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas a las Cajas Provinciales y los juicios a los jubilados que tengan sentencias firmes. Con lo que el dictamen acordado que se votara alcance un costo fiscal de apenas 0,43 por ciento del PBI, para quietarle argumentos al Gobierno libertario sobre el alcance de la medida frente a la amenaza de MIlei de votarla si entorpecía su política de ajuste sobre el déficit fiscal.
Comienzo dubitativo
El quórum (129 diputados) se alcanzó rápidamente. Unos 140 legisladores estaban sentados en sus bancas apenas unos 25 minutos después de la hora de la convocatoria fijada a las 11 de la mañana. Contribuyeron para abrir la sesión los bloques de UP, la UCR, HCF, el FIT, los provinciales de Innovación Federal (IF), y al que también se sumó el santacruceño José Luis Garrido.
Fuera del hemiciclo del recinto, los diputados de La Libertad Avanza, sus aliados del PRO, MID, los tucumanos de Independencia y otros monobloques afines, esperaban que el arco opositor no consiguiera abrir la sesión, aunque con escaso entusiasmo que se cumpla su deseo. Para el oficialismo estaba claro, que una vez conseguido el quórum y si avanzaban los acuerdos entre los bloques, la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria significaría una fuerte derrota para el Gobierno, que ancló su proclama contra el déficit fiscal donde el mayor peso del ajuste recayó sobre los haberes de jubilados y pensionados.
Universidades y Fonid, no
Aunque rápidamente, las diferencias sobre la estrategia de cada sector opositor se trasladaron al recinto. Ante la posibilidad que la primera sesión convocada por la UCR se extienda y se trunque la segunda pedida por UP, el peronismo propuso un apartamiento del reglamento para pedir la incorporación de los otros dos puntos (además del tema jubilaciones) que figuraban en su convocatoria: el financiamiento de las universidades nacionales y la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente que quitó la Casa Rosada a las provincias.
Primero, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (UP), pidió abordar el Orden del Día N° 72 para tratar el tema del FONID, algo que consideró “estratégico”, porque “es ratificar la responsabilidad que el Estado nacional tiene respecto de la educación pública y su calidad”. “Es clave que tengamos presente que en una definición que ha adoptado el presidente vía DNU 280, se está modificando una decisión que requiere que este Congreso se exprese al respecto”, afirmó.
“Desde marzo venimos planteando esta agenda en conjunto. Vinimos a una sesión solicitada por otro bloque, por el tema jubilaciones, y nos parece importante agregar a jubilaciones ambos temas. Esperemos que nos puedan acompañar; es un tema que tiene dictamen de comisiones y un profundo consenso”, sumó el jefe del bloque de UP, Germán Martínez. Pero la votación, que requería de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes, le dio la espalda. La propuesta de UP cosechó 122 votos afirmativos, 110 en contra que reunieron entre el oficialismo y la oposición dialoguista, y una abstención. Pero también mostró fisuras en el bloque radical: los diputados Mario Barletta, Pablo Juliano, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura, sumaron su voto afirmativo para la incorporación del FONID al temario de la sesión.
Lo mismo sucedió después, cuando el diputado cordobés Pablo Carro (UP) pidió también un apartamiento del reglamento para tratar la Orden del Día 71, para el financiamiento de universidades nacionales. “Es cierto que tenemos pedida una sesión especial, pero creemos que el momento adecuado es este”, enfatizó.
“El salario docente está muy retrasado y necesitamos resolverlo con urgencia. Hay que hacerlo ahora y no esperar a la sesión de la tarde”, insistió Carro tras explicar que el Gobierno no convocó nunca a la paritaria docente y más del 40 por ciento del sistema universitario lleva ya seis meses sin aumentos en sus haberes ante la crítica situación inflacionaria. Pero los argumentos, a los que también se sumó el de la entrerriana Carolina Gaillard, no alcanzaron para revertir la votación que también requería de la misma mayoría especial: tuvo 120 votos afirmativos, 110 en contra y 2 abstenciones.
Negociaciones
Con la oposición dividida y sin acuerdos a la vista, el oficialismo y la Casa Rosada empezaron a paladear una derrota opositora y una victoria para su política de ajuste.Sin embargo, varias horas de homenajes y cuestiones de privilegios a los que se sumaron de todas las bancadas, dieron tiempo para abrir una negociación que arrancó tímidamente pero que fue creciendo con el correr de las reuniones que se mantenían discretamente para no dar lugar a la contraofensiva oficialista.
Pero de alguna manera, las negociaciones se expresaban en el recinto. «No hemos sido nosotros los que no hemos puesto voluntad para encontrar una fórmula que le dé un piso de dignidad a los jubilados», dijo el riojano Ricardo Herrera (UP) y agregó: «cambiamos nuestro dictamen para llegar a una acuerdo con otras bancadas».
En la misma línea, Itai Hagman (UP) recordó que «mientras estábamos trabajando en sesiones informativas, el gobierno sacó el DNU 274, que planteaba una indexación por inflación, congelándola en uno de los niveles más bajos de nuestra historia». Y expuso que “línea roja” que UP no estaba dispuesto a atravesar era la utilización del FGS, para vaciarlo y abrirle las puertas a la privatización del sistema jubilatorio con las AFJP.
La presidenta de la comisión de Previsión Social, la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning exponía que «no solamente es urgente sino también imperativo» que se resuelva la situación de los jubilados. Para defender el dictamen de la UCR, apeló al trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –que sostiene que el costo fiscal del proyecto dialoguista es del 0,43 por ciento del PBI—y que trazó la «factibilidad» del cálculo de su bloque. «Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad», aseguró y apeló a «la sensibilidad del Presidente de la República Argentina» para que la persecución de «ese déficit 0 no afecte a los jubilados».
Las negociaciones habían avanzado, y en el radicalismo comenzaron a primar las opiniones sobre la “razonabilidad” del reclamo de UP de no utilizar el FGS para pagar deudas, que en seis meses (como proponía el dictamen dialoguista en principio) vaciaría sus arcas. La opción pasó entonces a convencer al peronismo cordobesista, que propuso el uso del FGS, admitiera que la medida –que decía no estar dispuesta a negociar— pudiera ser saldadas con los impuestos que tributan a la Anses. Las negociaciones ya habían avanzado, faltaba solo el trazo fino del acuerdo.
Fuente: Página 12
