La nueva normativa establece tres zonas para la regulación de fumigaciones: la Zona de Exclusión, donde hay “restricción absoluta” para la aplicación de productos fitosanitarios; la Zona de Amortiguamiento, que permite el uso condicionado de algunos productos, y una Zona Especial para escuelas y centros de salud. Los radios de exclusión varían entre 15 y 500 metros, dependiendo de la proximidad a asentamientos y de las características del producto.
“Han hecho énfasis en atribuirles a las distancias un rol central que, de hecho, lo tienen. No es lo mismo 100 o 200 metros de distancia que 500 o 1.000 como teníamos en algún momento hacia las escuelas rurales que 50 metros, según el tipo de aplicación”, explicó.
Verzeñassi explicó que hacer hincapié en las distancias significa dejar de lado las investigaciones los equipos de la zona que son del Conicet encabezados por Rafael Lajmanovich y Paola Pelzter que han puesto en evidencia el significado que tienen la pulverización o fumigación de territorios con productos que “siempre se van acompañando de unos con otros”. El ecologista sostuvo que, tras la aplicación de un herbicida, viene un insecticida u otro herbicida. “No han investigado esta asociación de productos. Se ha demostrado que uno se potencia por 10, por 100 y hasta por 1000 en cuanto a su capacidad eco-tóxica. Y esto no está evaluado. Se toman distancias para la aplicación de tal o cual producto por sus principios activos y los principios activos no son tal como se los aplican”.
El ecologista remarcó que se niegan a reconocer lo que se ha investigado en los laboratorios y en el territorio. “Los investigadores han trabajado en sus laboratorios a partir de lo que han encontrado en el territorio cuando han salido a buscar las muestras de esta asociación de venenos”, indicó.
En 2018, un fallo de primera instancia establecía la prohibición de fumigar con agrotóxicos alrededor de todas las escuelas rurales de Entre Ríos, en un radio de mil metros por tierra o tres mil metros por aire, a la vez que exhortaba al Estado a realizar estudios que permitan la definición de pautas objetivas para el uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento sobre la prevención de los daños.
El año pasado, en el marco de un amparo ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la inconstitucionalidad de dos normas de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales que fijaban una distancia de seguridad de entre 50 y 100 metros para el uso de agroquímicos en zonas cercanas a viviendas y cursos de agua. De forma unánime, la máxima instancia judicial de la provincia consideró que “los avances científicos han demostrado” que las distancias establecidas en las resoluciones cuestionadas “resultan ineficaces e insuficientes para proteger a la salud de las personas que viven o desarrollan alguna actividad en los predios cercanos a donde se aplican plaguicidas”.
Verzeñassi recordó esos fallos y también remarcó que fueron dejados de lado por un decreto emitido durante la gestión del ex gobernador Gustavo Bordet. En la ley que se debate en la Legislatura se ha tomado “lo peor” de lo que debe considerarse para proteger la salud de las poblaciones afectadas.
En otro tramo de la nota, sostuvo que no hay estudios epidemiológicos acerca de las comisarías rurales. Verzeñassi sostuvo que no hay ninguna referencia a alguna investigación acerca de las causas de las enfermedades o fallecimientos de quienes trabajaron en las comisarias de zonas rurales en las últimas dos décadas, cuando se intensificó el uso de agroquímicos. Los datos están en la obra social Iosper. “Están afligidos con lo que está pasando con la parte económica de la obra social por la incidencia de los tratamientos por enfermedades oncológicas o degenerativas o disruptivas como las nefropatías o las hepatopatías o el hipotiriodismo”.
“Esa información la debería tener los legisladores. Si no ¿para qué están? ¿Para hacer una síntesis de lo que les mandan los que cabildean en los pasillos de sus escritorios?”, se preguntó.
Por otra parte, remarcó que no se hizo ninguna salvedad en el proyecto que ponga a resguardo los espacios rurales donde se trabaja “sin veneno” en referencia a las plantaciones agroecológicas. “Se necesita una distancia suficiente como para garantizar que este producto, cuando va al mercado, sea valedera la connotación de orgánico o no afectado por agroquímicos”.
Verzeñassi cuestionó el nombre de la ley: “Buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios en la provincia de Entre Ríos”. “¿A que buenas prácticas se hacen referencia? ¿A la ropa que tienen que usar los que aplican los agroquímicos? ¿Y que ropa tienen que usar los que viven o trabajan o estudian en esas zonas?”.
Más adelante, sostuvo que se han reunido con los legisladores pero no se interesan por lo que exponen. “Uno advierte en el gesto de la persona que está escuchando, en este caso el diputado Rossi, que está esperando que terminemos. No pregunta nada de lo que dijimos. Escuchan, sacan una foto y hasta el otro día”, dijo. “Al otro día vienen los otros y ahí si tienen información escrita que la vuelcan en la redacción”, dijo en referencia a las organizaciones de productores rurales.
«Las distancias las han modificado regresivamente. Hay informes del doctor Garcilazo y con esos informes hemos logrado recursos de amparo favorables que luego fueron tirados al suelo por la gobernación anterior», dijo Verzeñassi. «Tenemos la responsabilidad de estudiar para poder ir a hablar y nos encontramos con la irresponsabilidad de quienes están lejos de estudiar lo ya demostrado absolutamente por quienes trabajan en el tema salud», remarcó.
El ecologista paranaense sostuvo que se hace un negacionismo permanente de lo que están advirtiendo. «Vayan al hospital San Roque y vean cuantos casos de leucemia y linfomas se tratan mensualmente como nuevos casos en ese hospital que es el hospital infantil de referencia de la provincia. ¿De dónde vienen?. No hay nada de eso», indicó.
Al mismo tiempo, remarcó que los mismos productores, quienes tambièn son víctimas del modelo agrotòxico, han protagonizado situaciones violentas cuando han ido a dar charlas. Verzeñassi recordó que, en Chaco, en la localidad de La Leonesa (contaminada por los agrotóxicos de una gran arrocera), al científico Andrés Carrasco casi lo linchan por intentar dar una charla. «Tuvo que encerrarse dentro de un vehículo y esperar a que llegue la Policía para sacarlo porque los que estaban afectados por los estudios no querían que fuese a dar una charla a esa localidad», dijo.
Por último, dijo que la Coordinadora «Basta es Basta» podría ir a la Justicia si sale la ley de la Legislatura. Pero sostuvo que están sobrepasados respecto de acudir al Poder Judicial. «No podemos seguir esperando que el Poder Judicial lo resuelva si después el poder político cambia todo», indicó.
