El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, se jactó en enero de haber alcanzado superávit financiero por primera vez en más de diez años. El problema es la manera en que se alcanzó ese logro. Un informe de la sociedad de bolsa Porfolio Personal Inversiones detalló que de cada 100 pesos de superávit primario conseguido el mes pasado, 44,5 puntos lo aportaron los jubilados debido a la licuación de sus haberes, 22,5 los consumidores a través de menores subsidios y 12 puntos los trabajadores estatales, quienes, al igual que los jubilados, no recibieron ningún ajuste.
En el caso de los subsidios económicos, la contracción fue del 64%, equivalente a 0,45 billones de pesos, y la tijera se concentró fundamentalmente en los subsidios energéticos por la postergación de las transferencias a CAMMESA.
Al igual que en muchas otras áreas, el gobierno juega con fuego al no girarle fondos a Cammesa porque dinamita la cadena de pagos e impacta de lleno en la contabilidad de empresas que no pueden dejar de entregar energía al mercado porque la energía eléctrica es el principal insumo de un servicio público calificado como esencial.
Como el Tesoro Nacional no paga, lo que hace Cammesa es ir girando dinero en cuentagotas a medida que recauda. La semana pasada desembolsó un 17,7% de la factura de enero y este martes otro 7,6%, cubriendo apenas un 25,4% de la energía demandada en noviembre.
En este contexto de fuerte ajuste recrudecen a su vez las tensiones entre transportistas, generadores y productores para ver quien recibe lo poco que recauda Cammesa. Transener, por ejemplo, pidió tener prioridad en esos desembolsos con el argumento de que no tienen para pagar sueldos. Los generadores no validaron ese reclamo al interior del directorio de CAMMESA y finalmente la compañía pagó esta semana solo el 50% de los sueldos de febrero, lo que probablemente derive en una medida de fuerza del gremio eléctrico Luz y Fuerza.
En el sector cuestionan al gobierno, pues luego de convalidar una megadevaluación del dólar oficial, que disparó todos los costos del sistema eléctrico, tardó demasiado en actualizar el precio mayorista de la energía y solo lo hizo parcialmente ya que mantuvo sin cambios lo que deben pagar los sectores medios y bajos. De hecho, las nuevas tarifas de Edesur y Edenor recién comenzaron a aplicarse el 16 de febrero. A su vez, al no girarle fondos a Cammesa es el propio gobierno el que desconoce sus deudas porque el Estado Nacional tiene una participación del 20% en la compañía y es el controlante.
Un alto directivo del sector eléctrico le recriminó este accionar al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y la respuesta del funcionario fue que ese no era un problema porque ya habían comenzado a descongelar las tarifas y en junio la cadena de pagos va a estar normalizada. “El problema es cómo llegamos a junio”, se preguntó ese mismo ejecutivo.
Son muchos los ejecutivos que consideran innecesario, o incluso una mala praxis, que el gobierno haya forzado un quiebre en la cadena de pagos solo para poder mostrar un asiento contable superavitario en enero porque el daño que le hace a las empresas del sector es inmenso.
Frente a un contexto complicado, Cammesa también juega con fuego. La compañía presionó judicialmente para que las compañías paguen e incluso recientemente logró que la Justicia embargue cuentas de la cooperativa de Luján por 120 millones de pesos. Eso motivó que en decenas de cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires estén discutiendo un plan de lucha contra el gobierno nacional con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de Kicillof. De ahí que todos los actores consultados por EconoJournal que operan en el mercado eléctrico tienen claro que la solución de este problema debe ser política y no judicial.
Cammesa, un actor central en el equilibrio tarifario y el abastecimiento de energía a lo largo y ancho del país
Hasta hoy, Cammesa funciona como un eslabón clave del sistema eléctrico nacional como comprador de la totalidad de la producción mayorista del mercado eléctrico para vendérsela luego a las distribuidoras. Lo que aparece como una mera intermediación es, en rigor, la forma de garantizar un costo de abastecimiento homogéneo para todos los usuarios del país.
Cammesa le compra energía a través de contratos en dólares a mediano plazo, entre diez y 15 años, con generadores de energías renovables y centrales térmicas que abastecen a alrededor del 40% de la producción del sector.
Al mismo tiempo, se recuesta sobre lo que se conoce como generación vieja, que son fundamentalmente hidroeléctricas y centrales térmicas que complementan la demanda del 60% restante. Una vez comprada la energía, Cammesa traza un promedio de precio entre ambas modalidades, que tiene costos muy diversos, para poder ofrecer en el mercado un precio estandarizado que hoy varía entre los 70 y los 75 dólares el megawatt.
Casi la totalidad de los actores del mercado reconocen que el sistema vigente funciona bien y da buenos resultados. Eso abre el interrogante sobre cuál es el objetivo al que apunta Chirillo con este cambio y, sobre todo, qué pasaría si se concretara la maniobra ya que, si se eliminara la función de Cammesa, algunos clientes pasarían a pagar más cara la energía de las generadoras y otros accederían a precios muchos más bajos.
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Fuente: Economo Jounal/Letra P/DIARIOJUNIO
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