El miércoles 26 de febrero arribó al Puerto de Concepción del Uruguay el buque African Kestrel, de bandera de Bahamas y 180 metros de eslora. Amarrado en los muelles 14, 15 y 16, el buque inició la carga tras las inspecciones de rigor por parte de la Aduana, el Senasa y la Prefectura Naval Argentina. Los trabajos de carga, que se extienden las 24 horas del día, generan un alto movimiento de vehículos pesados en la zona portuaria. Luego de completar su carga en Concepción del Uruguay, el buque continuará hacia el puerto de Ibicuy antes de zarpar con destino a la India.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, señaló la relevancia de la actividad portuaria en la economía entrerriana. «Las operaciones en nuestros puertos reflejan el trabajo que llevamos adelante para fortalecer la producción regional. En cada operación, el ingreso de un buque a Concepción del Uruguay genera empleo directo para unas 400 personas, además de aportar dinamismo a la cadena productiva y generar ingresos en divisas para la provincia», expresó el funcionario.
No obstante, el entusiasmo oficial por la exportación de rollizos de madera contrasta con las críticas del sector foresto-industrial y expertos en economía productiva, quienes advierten sobre las desventajas de vender materia prima sin procesamiento local. La exportación de troncos sin industrializar implica una pérdida de oportunidades para generar empleo en aserraderos y fábricas de productos derivados de la madera, como muebles o paneles. Según referentes del sector, transformar la materia prima en productos con valor agregado podría multiplicar el impacto económico en la región y fomentar un desarrollo sustentable en las comunidades vinculadas a la industria.
Otro punto de crítica es la competencia desleal que esta política genera con los productores locales. La venta de rollizos a gran escala, sin restricciones arancelarias, afecta a los aserraderos nacionales que deben afrontar altos costos impositivos y operativos. «Mientras se exporta madera en bruto, las industrias locales luchan con la falta de incentivos, el aumento de la energía y la caída de la demanda interna», señaló un empresario del sector a este medio.
En este contexto, es imposible no recordar que fue el propio exgobernador Gustavo Bordet quien, en 2018, derogó la Ley 9.759, conocida como «ley de la madera», impulsada en marzo de 2007 durante el conflicto con Uruguay por la instalación en Fray Bentos de la pastera UPM (ex Botnia). Dicha norma protegía el uso de la materia prima forestal dentro de la provincia, impidiendo la salida de rollizos sin procesamiento y asegurando su disponibilidad para la industria local. En su momento, Bordet juró defender esta legislación, pero la derogó tras gestiones (¿presiones?) del entonces gobierno nacional de Mauricio Macri y su ministro (hoy gobernador de Entre Ríos) Rogelio Frigerio, favoreciendo a grandes exportadores en detrimento de la producción local.
Como resultado, cientos de aserraderos cerraron en Entre Ríos, y la industria de la madera entrerriana sufrió un golpe del que aún no se recupera. Hace dos años, en 2023, empresarios del sector denunciaron que la falta de materia prima estaba llevando a la suspensión de trabajadores y a la posibilidad de tener que importar madera. “Se están llevando las mejores forestaciones, además de que tiene implícito un subsidio para la plantación, que es la Ley 25.080”, advirtieron desde la foresto industria.
