El 7 de noviembre pasado, el Tribunal Oral Federal de Paraná emitió la sentencia 37/23 en la causa conocida como "Aduana Paralela", que involucra Eduardo Cristina, despachante de Aduanas y -según él mismo comunicó- flamante presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL). La resolución, que puso fin a un expediente de 20 años, partió de una propuesta de los representantes del mismo imputado al optar por el "instituto de reparación integral", que aceptó el tribunal y obliga a Cristina a distribuir 18 millones de pesos entre diversas instituciones de bien público. Ahora surge otro contubernio y es cómo el despachante de Aduanas y ex funcionario, siendo monotributista Categoría D explicará el origen de los fondos con los que cumplirá con la sentencia. Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio, quién hizo de la transparencia, la honestidad y la “Ficha Limpia” sus caballitos de batalla en campaña no ha hecho declaraciones hasta el momento y tampoco ha confirmado si Eduardo Cristina es el presidente del organismo que tiene bajo su órbita la administración de La Tortuga Alegre y el Perilago con todos sus complejos destinados a la actividad turística. 

“Luego de analizar las propuestas de los representantes de parte de los imputados, razonó en las audiencias donde se tramitaron las propuestas, que era viable que este proceso penal concluyera mediante el instituto de reparación integral, compartiendo los argumentos que había emitido el MPF., a través del Fiscal General Dr. José I. Candioti. Los precedentes que enunció el magistrado que representa la acción penal pública, fueron categóricos y útiles para emitir esta resolución, tendiendo además en cuenta los veinte años que han transcurrido de la constatación de los presuntos ilícitos”,  comienza explicando la sentencia -en el caso conocido como “Aduana Paralela”- el Tribunal Oral Federal de Paraná.

La resolución judicial deja claro que cada imputado, incluido Eduardo Cristina, deberá contribuir económicamente para la reparación, y destaca la labor del Ministerio Público Fiscal en establecer los montos individuales, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos.

La polémica también se suscita tras las declaraciones de Cristina en redes sociales, en las que rechaza ser considerado culpable y condenado. Según él, no fue hallado culpable y, dada la cantidad de años transcurridos y los daños sufridos, ofreció realizar donaciones a instituciones de bien público.

Ficha Limpia: 18 millones de pesos, el precio a pagar para la reparación integral del daño causado, que se estimó en 3 millones de dólares, y extinguir la acción penal

La cifra de 18 millones de pesos impuesta a Eduardo Cristina es la más importante -por lejos- entre las asignadas a todos los imputados en la causa, pero Cristina a pesar de ser un reconocido despachante de Aduanas, ex funcionario público, dueño de la comparsa más suntuosa y engalanada del Carnaval de Concordia, es -sorpresivamente- apenas un monotributista Categoría D, que al día de la fecha también registra obligaciones pendientes con ATER, que puede facturar -hasta la próxima recategorización en Enero- un límite de 300 mil pesos mensuales, unos 3.6 millones al año. Por lo que la sentencia implica unos 5 años de facturación neta. 

Si bien, el despachante de Aduanas, podría justificar el pago de la condena aduciendo viejos recibos de sueldos, ahorros declarados, haber recibido distribuciones de ganancias por integrar alguna S.R.L o S.A., o la venta de un inmueble, será tarea de los organismos de control tributario verificar la correspondencia. 

De todas maneras, más allá del pago de 18 millones de pesos a distintas instituciones y de cómo los justificará, Cristina habría hecho un “buen negocio” en la Justicia, a la que le llevó 20 años cerrar la causa, lo sentenció a pagar una «ganga» en relación a un fraude calculado en unos 3 millones de dólares contra el Estado Nacional, no le suspendieron la matrícula como despachante de Aduana y tampoco quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

 

Los cantores se juntan por la tonada

Uno de los que rápidamente se solidarizó con Eduardo Cristina y también eligió el camino de atacar a la prensa (otra vez) es Guillermo Schmid, uno de los fundadores y actual referente del espacio ASEC Concordia, un grupo de Facebook con 42 mil seguidores, quien además integró el espacio de +xConcordia que llevaba al despachante de Aduanas como precandidato a Intendente de Concordia. 

Al fondo, de remera negra, Guillermo Schmid, fundador de la página ASEC Concordia

Además de sostener la “inocencia” de Cristina argumentando que el fallo del tribunal no habla de “culpabilidad”, Schmid aprovecha para victimizarse y vuelve contra la prensa haciendo acusaciones de similar calibre por las que fue condenado por la Justicia Entrerriana. 

Guillermo Schmid, ex militante del bustismo y cuyo nombre circula para en los pasillos de la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande (CAFESG) como posible integrante del nuevo directorio, se hizo conocido en Concordia por ser un denunciador y acusador (“hater”) renombrado de la ciudad. A través de su cuenta en la plataforma Facebook, desde hace años se dedica a postear contenido ofensivo y falso contra dirigentes y referentes sociales de la ciudad. 

Un caso emblemático fue el que tuvo que atravesar el periodista Claudio Gastaldi, ex director de Radio Ciudadana y director de DIARIOJUNIO, quien en 2022 le ganó un juicio por difamación. La Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dictó el fallo haciendo lugar a la demanda de Gastaldi, quien había denunciado a Schmid por daños y perjuicios, demostrando la falsedad de las acusaciones.

 

Ficha limpia, ¿una reedición de “Esa te la debo”?

Cerrado el caso, ahora la pregunta que se antepone a todas es qué determinación tomará el gobernador Rogelio Frigerio sobre la designación de Eduardo Cristina al frente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), un organismo que tiene bajo su órbita la administración de un hotel, dos termas, la zona del Perilago y el camping -y zona de pesca por excelencia- «La Tortuga Alegre». Si bien el nombramiento todavía no fue oficializado y solo fue divulgado por el propio Cristina a través de sus redes sociales e información que llegó a la prensa desde su espacio, cabe recordar que el flamante gobernador de Entre Ríos ha dicho públicamente -hasta el cansancio- que no aceptará a ningún funcionario procesado ni condenado por la Justicia. La agenda vinculada con la transparencia, una Ley de Ética de funcionarios públicos y la “Ficha Limpia”, fueron los caballitos de batalla durante su campaña proselitista.