El 7 de noviembre pasado, el Tribunal Oral Federal de Paraná emitió la sentencia 37/23 en la causa conocida como «Aduana Paralela», que involucra Eduardo Cristina, despachante de Aduanas y -según él mismo comunicó- flamante presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL). La resolución, que puso fin a un expediente de 20 años, partió de una propuesta de los representantes del mismo imputado al optar por el «instituto de reparación integral», que aceptó el tribunal y obliga a Cristina a distribuir 18 millones de pesos entre diversas instituciones de bien público. Ahora surge otro contubernio y es cómo el despachante de Aduanas y ex funcionario, siendo monotributista Categoría D explicará el origen de los fondos con los que cumplirá con la sentencia. Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio, quién hizo de la transparencia, la honestidad y la “Ficha Limpia” sus caballitos de batalla en campaña no ha hecho declaraciones hasta el momento y tampoco ha confirmado si Eduardo Cristina es el presidente del organismo que tiene bajo su órbita la administración de La Tortuga Alegre y el Perilago con todos sus complejos destinados a la actividad turística.