En el descargo contra Sastre, el consejo sostiene que «en su propuesta carente de fundamentos, cargada de falsedades y adjetivos negativos a los que pensamos distintos, propone eliminar normativas relacionadas con el cuidado del ambiente y la mitigación del cambio climático, demostrando su visión imparcial y negacionista al respecto. Detrás de esta iniciativa, podemos vislumbrar fuertes intereses económicos vinculados al sector inmobiliario», señalan.
«La presión del mercado inmobiliario, especialmente en zonas urbanas con alto valor de desarrollo, ha sido una constante en la toma de decisiones que afectan la planificación de las ciudades, tema denunciado por este consejo y otras asociaciones», agregan, y remarcan que «las empresas del sector buscan maximizar sus beneficios a través de la expansión de proyectos, sin considerar a menudo las implicancias ambientales. Con la modificación propuesta, las normativas que protegen áreas verdes, humedales y espacios naturales quedarían relegadas, abriendo la puerta a una urbanización intensiva».
Por ejemplo, «propiciar loteos de pequeñas dimensiones en áreas alejadas del casco urbano involucra, una demanda de servicios cuyo costo debe afrontar el estado, por ende, todos nosotros y sobre todo los sectores postergados que no tienen voz en estos temas. ¿Esto resulta justo para que unos pocos incrementen sus ganancias?», cuestionan.
Tras ello, sostienen que «Concordia tiene un Código de Ordenamiento moderno, modificado apenas hace un año y de manera participativa y consensuada. Entendiendo que siempre se puede mejorar ¿Cuál es el apuro del señor Sastre en hacerlo de manera inconsulta y acelerada? ¿por qué agrede a quienes piensan distinto? este señor que se autodefine como “el jefe” ¿también se percibe por encima de las normas?»
Y afirman: «En este intento de silenciar las voces técnicas y ambientales que podrían oponerse a la flexibilización de las normativas urbanísticas en favor del mercado inmobiliario, se han pasado límites asumidos por la misma gestión en el pacto firmado en Julio.
«El crecimiento de las ciudades es inevitable, pero ¿a qué costo? Las ciudades que crecen sin planificación ambiental tienden a sufrir graves consecuencias a largo plazo. La falta de áreas verdes aumenta las temperaturas urbanas, incrementa los niveles de contaminación y reduce la calidad de vida de sus habitantes. Además, eliminar las políticas que enfrentan el cambio climático podría exacerbar los efectos de fenómenos como inundaciones, enfermedades emergentes, olas de calor y pérdida de biodiversidad».
«Las sospechas de que esta modificación favorece directamente a desarrolladores inmobiliarios de la región, al eliminar los costos asociados a cumplir con normativas ambientales, han llevado a muchos a cuestionar si la medida responde al interés público o a intereses privados».
Por ultimo, el consejo de protección de humedales aseguran que «el debate sobre esta propuesta debe ir más allá de los intereses económicos. Las ciudades son para las personas, y el ambiente es un bien común que debe ser protegido. Es esencial que se promueva un desarrollo urbano que respete tanto las necesidades de vivienda como las urgencias del planeta. Los ciudadanos y los responsables políticos deben exigir un futuro en el que el crecimiento y el respeto por el ambiente vayan de la mano»
En este sentido, concluyen, «desde este consejo velamos por que prime la racionalidad y que el debate se encuentre a la altura de las necesidades de una ciudad habitable y no sólo planificar para los negocios de unos pocos»
