La historia no es lineal, pero también se repite: detrás del Genocidio de 1976 hubo un plan de miseria planificada y concentración de la riqueza, y detrás de su reivindicación actual también. En ese doble esquema de funcionarios civiles de dictadura (que traen como anexo a los defensores de genocidas) y abogados del establishment es que radica el Poder real detrás de Villarruel.
El lugar donde se nuclea ese establishment Jurídico es el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, una entidad centenaria que aportó durante generaciones funcionarios a las dictaduras empresario-militares y planes de Gobiernos a los Presidentes Constitucionales alineados con los intereses corporativos.
Lo hicieron con los dictadores Jorge Rafael Videla y Pedro Eugenio Aramburu, a quienes apoyaron públicamente; lo hicieron con Mauricio Macri, con quien decían que fue «una fiesta» por las comisiones que se llevaron con los negociados hechos con los Fondos Buitres, las colocaciones de deuda y la obra pública a medida. Y por supuesto, en caso de que gane Milei, lo harán junto a su vice, que es el nexo entre la Libertad Avanza y el Colegio de Abogados del establishment.
Era lógico: detrás del negacionismo vienen los negocios. La pista de esa red de contactos está en el CELTYV, el sello que preside Villarruel, de acuerdo a los documentos oficiales de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta asociación no presenta balances hace 10 años, pero a esta altura es una anécdota: los montos que informan son mínimos. Lo verdaderamente importante es que tiene entre sus fundadores (a quienes ocultan en su página web) a varios representantes de ese universo de relaciones con los civiles que fueron funcionarios de las dictaduras, es decir, los abogados de las principales compañías del país, e incluso con vínculos directos con Mauricio Macri. Que los nombres sean desconocidos es directamente proporcional a su influencia.
En la escritura fundacional del CELTYV, con fecha del 27 de Mayo de 2008, figuran:
Jorge Luis Pérez Alati, uno de los socios del poderoso estudio jurídico Pérez-Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM). Grondona es el hijo del vocero y escriba dictatorial Mariano Grondona. La M de la sigla era de Martínez de Hoz, hijo del Ministro de Economía de la Dictadura que hace poco fundó su propio estudio dedicado a temas energéticos. Mientras que Pérez Alati comanda su bufete en Bs.As. Santiago de Chile, Uruguay y Nueva York, que figura siempre en el top 10 de los estudios más influyentes del país y que además recaudaba fuerte para las campañas de Mauricio Macri. Para las PASO de 2023, Pérez Alati aportó $4.000.000 de pesos. Pérez Alati es el socio N* 3.787 del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo. Figura en la comisión revisora de cuentas suplente del CELTYV y con poder especial de la asociación para actuar en su nombre. Su estudio es el que maneja los papeles de la asociación que preside Villarruel.
Otro abogado es Máximo Fonrouge, socio del poderoso estudio Cassagne, que entre sus clientes tiene al propio Mauricio Macri en el escandaloso caso del Correo que lleva ya 22 años y Mauricio no pagó la deuda millonaria al Estado Argentino, dilatando el juicio hasta llegar a la prescripción. Además, ese estudio y Macri, armaban los pliegos de las licitaciones PPP durante su Gobierno. También este abogado, Fonrouge, integró el directorio del Diario La Nación. Es el socio N* 4.250 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, santuario jurídico de la oligarquía política, financiera y jurídica. Y por si fuera poco fue su presidente durante el gobierno de Macri. (!Amigos son los amigos!) Alternaba ese cargo con la presidencia de otro sello de goma, la ONG Será Justicia, con la que armaban causas en tándem con el gobierno de Cambiemos. Figura además como Tesorero del CELTYV.
Otro «notable» es Horacio Adolfo García Belsunce, ex funcionario de la dictadura fusiladora que derrocó a Perón. Es Vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje al más «!gorila» de la revolución del 55, el Almirante Isaac Rojas, además Belsunce, integró las organizaciones empresariales promotoras de los golpes de estado, como ACIEL y fue Vicepresidente de FIEL, el think tank que puso todos los ministros de Economía de la última dictadura. Falleció en 2022. Era el socio N* 1.354 del Colegio de la Calle Montevideo, y uno de los socios Honorarios.
También tenemos a Alejandro Fargosi, hombre de Juntos por el Cambio. Representó al PRO en el Consejo de la Magistratura. Fue abogado en Argentina del fondo Buitre Budford que compró el juicio contra el país por la expropiación de YPF. (!Un Nacionalista puro que le dicen!). Figura en la Comisión Revisora de Cuentas titular del CELTYV.
No podía faltar un apellido ilustre en dicho colegio: Eugenio Carlos Aramburu, otro de los 7 miembros honorarios de dicho colegio.
El resto de los integrantes de la Comisión Directiva originaria del CELTYV eran familiares de lo que ellos denominan «víctimas del terrorismo» y Carlos Manfroni coequipero editorial de Villarruel. Pero la presencia de abogados corporativos revela algo más: que es el poder económico detrás de este aparato de propaganda renovado de la dictadura-empresario-militar y la línea que los une con el macrismo. Detrás del negacionismo vienen los que tienen un plan de negocios. No cualquiera integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. No es el Colegio Público de Abogados porteños, que tiene más de 130.000 matriculados, sino un reducto exclusivo y cerrado de lobby judicial y corporativo de poco más de 1.500 socios. La lista de socios ha desaparecido de la página web. Figuraban 1.508 socios y 97 vitalicios.
Villarruel es la socia 5.709 y por su pertenencia y por los vínculos que tiene desde el CELTYV, el nexo en caso de que gane Milei, con este enclave de poder en la Argentina, forjado durante décadas en el entramado de relaciones entre Estado-Empresas-Fuerzas Armadas. En la forma original del CELTYV hay dos de los 7 socios honorarios del Colegio del establishment: García Belsunce y Aramburu, uno de sus ex-presidentes, Fonrouge y el poderoso Perez-Alati.
Fundado en 1916, este Colegio de Abogados del establishment no estuvo siempre en la calle Montevideo 640. Hasta 1950 tenía sus oficinas en el propio edificio de Tribunales gracias a un acuerdo de la Corte Suprema. Cuando no, la Corte concediendo privilegios!. Su antiperonismo tiene explicación, cada uno tiene su ideología. Lo que no podía ser es una entidad de lobby tuviera despacho en el mismo palacio donde se discuten y dictan las sentencias. En 1955 con el derrocamiento del Gral Perón, publicaron: «Ha caído la dictadura, hombres de todas las tendencias, entre los que se destacan muchos socios de este Colegio, se ocupan de asegurar el imperio del Derecho (sic) después de haber consagrado la tarea heroica de terminar con el déspota y su sistema». O sea que se arrogan el poder de ser jueces de la Historia. Desde entonces, muchos de sus socios ocupaban cargos en las dictaduras mientras que otros escribían planes económicos y las licitaciones a medida de las empresas que ellos mismos patrocinaban. Entre los socios vitalicios del Colegio está Alberto Rodríguez Varela (socio 2.884), que tenía el cargo de Ministro de Justicia de la Dictadura de Videla. Y en democracia fue abogado (del diablo) de Videla en la causa por el robo sistemático de bebés. En el año 2012, el Tribunal Oral Federal de La Plata ordenó su detención como parte de los delitos de lesa humanidad contra la familia Graiver (recordemos que Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa en base a torturas), y la detención se produjo cuando Rodríguez Varela era Fiscal de la Pcia. de Bs.As.
Otro vitalicio es Guillermo Walter Klein (Socio 2.702) que integró el gabinete de Martínez de Hoz durante la dictadura, y es el responsable de la ingeniería financiera del mega endeudamiento dictatorial que pasó de US$ 6.000 millones de dólares cuando cayó Isabel a US$ 42.000 mil millones de dólares al 10/12/83. Y además fue denunciado por el asesinato de Juan Carlos Casariego del Bel, un funcionario del Ministerio de Economía que se negó a participar de la estafa de la estatización de la Cía. de Electricidad la Italo, cuyo beneficiario era nada menos que Alfredo Martínez de Hoz. Ya en democracia, Klein armó un estudio con Héctor Mairal, otro socio del Colegio. Y luego le dieron «trabajo» a los hijos de Mariano Grondona y Martínez de Hoz, que luego abrieron su propio estudio junto a Pérez Alati (es inútil, el viento judicial los amontona). Actualmente Victoria Villarruel integra la Comisión de Derechos Humanos del Colegio que apoyó y fue parte de las dictaduras empresario-militares.
Para entender lo que puede deparar este vínculo de Villaruel con el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, solo hay que asomarse a lo que sucedió durante el gobierno de Macri. En Junio de 2016, el Colegio hizo una actividad en la Bolsa de Comercio, bajo el título «Diálogos para la Argentina». El cierre estuvo a cargo de Macri, que entrevistado por Julio Blanc (autor de la frase «nosotros hacemos periodismo de guerra», y José del Río de La Nación, como corresponde, fue allí donde Macri aprovechó para criticar a la Fiscal Alejandra Gil Carbó por investigar sus negociados que luego devino en una persecución ominosa a cargo del Colegio en una avanzada Judicial de lawfare escandalosa que obligaron a la Fiscal a renunciar luego que su familia fue amenazada. El entonces presidente del Colegio era Guillermo Lipera, que Macri había nombrado como conjuez de la Corte Suprema, y junto con Fonrouge eran el brazo judicial del macrismo, incluyendo a Comodoro Py.
Todo aquel que se oponía y se oponga a los negociados del poder real sufrirá el castigo de el largo brazo judicial del macrismo.
Para la próxima les prometo la lectura de los negocios apañados por un sector de la Justicia Argentina que, como Dios, muchos creen en él pero nadie sabe dónde está.
Fuente: IGJ (Inspección General de Justicia)
