«Sé que hay contactos entre la ministra de Seguridad de Nación y el ministro de Seguridad de la provincia (Javier Alonso). Es algo que corresponde y tiene un carácter operativo, institucional», dijo el funcionario a radio La Red. No obstante, «a nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta», aclaró.
Además, si bien reconoció que las movilizaciones tiene que tener «cierto orden», dijo que el conjunto de disposiciones anunciado por el Ejecutivo nacional «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia».
Consultado respecto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas «cumplen con sus obligaciones».
«Nosotros junto con los municipios y las cooperativas siempre trabajamos con estos programas que tienen un objetivo darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función reciban lo que corresponde», añadió.
Protocolo de Patricia Bullrich contra la protesta social: los puntos salientes
Fue publicado el viernes en el Boletín Oficial, donde se argumenta que la medida impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «resulta necesaria ante la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito» que se volvió «insoportable para la población»
– Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales «intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte», como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías «debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas».
– La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a «despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio».
– En los procedimientos, los efectivos «emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente» con «armas no letales». Sin embargo, se aclara que esa fuerza será «graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes» y con «empleo de armas no let ales».
– Deberán «identificar a los autores, cómplices e instigadores» de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
– «Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores» de las protestas «registrados por las fuerzas de seguridad» —como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos— serán «remitidos al Ministerio de Seguridad».
– Cuando se observen actos que puedan ocasionar «daño ambiental» (como quema de neumáticos) «se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental».
– El Ministerio de Seguridad «podrá demandar judicialmente» a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, «por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».
– Se «creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones» y de «infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas».
