A mediados de junio, el sitio LPO informó que el gobierno tiene un proyecto de decreto de necesidad y urgencia que desplaza a las provincias de la licitación de la principal vía de exportación del país, allí circula casi el 80 por ciento de de cargas granarias y derivados industriales procesados en el polo del Gran Rosario.
Con este decreto, Milei da de baja el esquema trazado por el gobierno de Alberto Fernández y avanza hacia el modelo de licitación de los años 90, que entregó el dragado de los ríos a la empresa privada Jan de Nul, sin prever mecanismos de control estatal.
Esto significa que deja afuera en el control de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná y del Río de la Plata a gobernadores aliados como Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Gustavo Valdés de Corrientes, y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.
Las provincias perderán la oportunidad de discutir temas fundamentales como los dragados de sus canales de acceso a los puertos provinciales, la evaluación del impacto ambiental sobre su fauna ictícola, flora, la calidad del agua y la erosión de sus costas, cuestiones esenciales para la vida y el desarrollo de la región, sobre todo para la provincia de Entre Ríos que el gobernador Rogelio Frigerio menciona como “la hermanita pobre de la región centro”.
Actualmente, la provincia no saca un grano de su producción agrícola por puertos desde su territorio. El único elevador de granos se encuentra en el puerto público de Diamante pero está en manos de la multinacional Cargill que prioriza la salida de mercadería desde Santa Fe. «Todos los granos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, norte de Buenos Aires y Chaco salen al mundo por alguna de las 30 terminales portuarias ubicadas en la margen derecha del Río Paraná, desde el norte de Rosario hasta Campana en la provincia de Buenos Aires. Entre Ríos es una provincia de espaldas a mal llamada hidrovía», señaló un exfuncionario experto en el tema a DIARIOJUNIO
Con este decreto que está al firmar de Milei, Entre Ríos y las demás provincias ribereñas (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe) volverán a dejar de tener voz y voto, y deberán acatar las decisiones del gobierno nacional, permitiendo que las corporaciones avanzan de nuevo sobre los intereses soberanos.
“Es lo que quiere la Bolsa de Comercio de Rosario y otras organizaciones empresariales que dirigen las corporaciones transnacionales. El texto del proyecto de DNU elimina el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y el Consejo Federal Hidrovía. Esto deja fuera a las provincias y al Estado, además reflota el proyecto de habilitar el Río Paraná Bravo, por el que se accede a las terminales portuarias uruguayas de Nueva Palmira, por donde no debería salir ninguna carga argentina, al menos legalmente. Es un río que facilita el contrabando hacia el Uruguay”, apunta la fuente a este medio y recordó que la gran evasión fiscal en la «hidrovía» se estima en el orden de más de 20 mil millones de dólares por año.
“La Bolsa de Comercio de Rosario y otras organizaciones empresariales que dirigen las corporaciones transnacionales quieren nuevamente apropiarse del Río Paraná y del Río de la Plata. Milei se los va a dar y los gobernadores ‘dialoguistas’ como Rogelio Frigerio por ahora no dicen nada. Estas empresas quieren que sus buques salgan lo más cargados posible, entrando lo más adentro posible de la Argentina, al menor costo, sin hacer inversiones para hacer más ancho el canal de navegación, pero profundizando cada vez más el lecho del río. No quieren aumentos en las tarifas; que los canales de acceso a los puertos públicos se encarguen las provincias, mientras ellos logran ampliaciones para las vías navegables que llegan a sus terminales portuarias. No dan puntada sin hilo a la hora de maximizar sus ganancias en detrimento de los intereses de la región, de los productores y sin medir el impacto ambiental”, apuntó.
La provincia de Entre Ríos tenía dos representantes dentro del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Uno de ellos era el ingeniero Hernán Orduna, ex intendente de Concordia, quien renunció en diciembre pasado. El otro es Julio Rodríguez Signes, actual Fiscal de Estado de Entre Ríos, que fue nombrado como vocal durante la gestión anterior. No renunció, pero sus acciones ahora dependen de las directivas del actual gobernador Rogelio Frigerio.
