Si desaparece el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que actualmente depende del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, y cuya coordinación la realiza la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que lidera Rodrigo Aybar, las 17.000 casas que aún no estén finalizadas se subastarían.
“Cada una de las obras en marcha todavía está siendo auditada. Se revisa una por una”, indicó a Infobae una fuente oficial. El Ejecutivo analiza, en algunos casos particulares, la cesión de las obras a las provincias o a algunos municipios para que se puedan terminar y entregar.
En el caso de los créditos ya otorgados, se están revisando los últimos 2.500 que se suscribieron en noviembre de 2023, a un mes de la finalización del mandato de Alberto Fernández. “Se contactó a cada uno de los beneficiarios y se les dio la oportunidad de cambiarlo por un crédito personal. El 70% ya aceptó la propuesta”, aseguran en el Gobierno.
Hay 17.000 unidades que quedaron en construcción del Procrear, que tienen financiación del Banco Hipotecario. Y también algunas del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). El 29 de octubre, por ejemplo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo en el barrio de La Tablada, en los suburbios de Rosario, para la firma de un convenio con el intendente Pablo Javkin, en el que se anunció la financiación del 90% de las obras de urbanización de ese complejo habitacional con un presupuesto de 7 mil millones de pesos. Lo hizo acompañando al subsecretario de Integración Sociourbana (FISU), Sebastián Pareja.
En esa intención de cederle la terminación a las provincias y a las intendencias, se avanza lentamente. El gobernador Axel Kiciloff fue uno de los que decidió hacerse cargo de la terminación y la entrega de viviendas del programa a las que les faltaba un bajo porcentaje de ejecución. También algunos distritos como Avellaneda, al sur del Conurbano bonaerense, donde hay 3.000 viviendas en marcha, decidieron asignar fondos propios y finalizarlas.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el miércoles de esta semana el cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP), que era el que se encargaba de dar microcréditos productivos a empresas. Y se propone, en su plan de reducir los gastos del Estado Nacional, a continuar con otros organismos fiduciarios. En ese sentido, ya se produjeron otros cierres como los del Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Entre otras irregularidades, según se explicó en esa resolución, tras una auditoría de la SIGEN, se detectaron en el FONCAP “debilidades en los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y/o financiera, ausencia de monitoreo y control”.
Lo que pretende implementar el gobierno nacional con respecto a los fondos de este tipo está contenido en el artículo 5 de la Ley Bases, mediante el que se habilita al Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable”. El control de esos fondos lo tiene Luis Caputo desde el ministerio de Economía.
Una de las primeras provincias en reaccionar ante las intenciones gubernamentales de terminar con el Procrear fue la de Formosa. La Defensoría provincial ya la pidió a la secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat y también al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que deje sin efecto la iniciativa.
Fuente. Infobae
peronista memorioso
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