POR : Luis Laferriere y Guillermo Luis Luciano (*)
La humanidad enfrenta una crisis civilizatoria sin precedentes, que puede finalizar con un colapso terminal de muchas formas de vida, incluida la nuestra. Con el modo insustentable de extracción de recursos, quema de energía y arrojo de desechos y residuos, hemos superado en más del 70% la capacidad que tiene el planeta para sostener nuestra actividad y llegamos gradualmente a la escasez mundial creciente de bienes que son indispensables para la vida,
Mientras tanto, el avance sin freno del capitalismo financiarizado de la mano de la contrarrevolución neoliberal, concentró la riqueza y el poder en un reducido grupo de enormes corporaciones que se han apropiado de gran parte de las riquezas del planeta. Este sector ultraminoritario tiene una estrategia clara, que procura invertir sus fondos líquidos en recursos tangibles para reducir los riesgos de las explosiones de burbujas (cambiando sus papelitos por territorios, empresas y propiedades varias) a la vez que asegurarse el control de esos recursos cada vez más esenciales, estén donde estén.
En ese escenario, en nuestro país el poder mundial en alianza con sectores oligárquicos locales impulsa hoy, a través del gobierno, el Plan Masacre. Éste procura multiplicar la pobreza y reducir drásticamente el consumo interno, a los efectos de dejar más saldos para el saqueo; y a la vez busca potenciar las actividades extractivistas de depredación de nuestros bienes comunes, con acciones altamente contaminantes, convirtiendo a la Argentina en territorio de sacrificio. Todo esto en beneficio exclusivo de un puñado de grandes corporaciones y del capital usurero internacional altamente concentrado.
El denominado RIGI es una expresión descarnada del Plan Masacre, con el que quieren destruirnos como país, apropiarse de nuestras riquezas y sumergir a la abrumadora mayoría de la población en una pobreza crónica y estructural.
En qué consiste el RIGI
El régimen que se pretende sancionar en el congreso nacional está hecho a la medida de los saqueadores, y de llevarse adelante implicará la entrega, desmembración y depredación del territorio, la brutal contaminación, y en paralelo una entrega vil de esa riqueza sin ninguna contrapartida que beneficie a la población.
A la vez otorga incentivos fiscales y cambiarios increíbles a las grandes inversiones extranjeras, que contrastan ampliamente con la pesada carga tributaria que recae sobre los consumidores, los trabajadores autónomos, y las micro, pequeñas y medianas empresas del país.
En especial da un conjunto de beneficios extraordinarios para importar bienes y equipos sin ninguna restricción ni imposición, que perjudicarán a empresas que están hoy en la Argentina y quedarán con desventajas imposibles de compensar, llevándolas a la quiebra y a la ruina, con la consiguiente destrucción de empleo local y de achicamiento del mercado interno.
Pero contempla además derechos prioritarios para realizar los proyectos, que estarán por encima de otros derechos esenciales, humanos y ambientales, que puedan afectarlos. Por ello, no podrán oponerse a esas actividades ninguna acción que frene su avance, aunque con ello destruyan ambiente y contaminen territorios, poniendo en riesgo la salud y la vida de los pueblos donde se concreten.
Los beneficios se orientan principalmente a las actividades extractivistas, principalmente a la minería, y aunque hablen de inversiones, en realidad es muy poco lo que llegarían a invertir en nuestro país.
Analicemos: las empresas mineras mienten inversiones de miles de millones de dólares que en la realidad significan lo siguiente:
-Invierten si, miles de millones de dólares, pero en los países en los que adquieren los equipos de la industria minera que ingresan libres de gravámenes a los yacimientos en la alta montaña. Hasta aquí, cero inversión local. Esos equipos que introducen sin pagar gravámenes, son utilizados hasta quedar amortizados, y luego quedan como chatarra en lugares inaccesibles, provocando un enorme pasivo ambiental. Seguimos sin encontrar cual es la ‘inversión’ que traen.
-Para la explotación de estos yacimientos dinamitan los glaciares eternos de nuestra cordillera, provocando una contaminación gigantesca. Utilizan el agua más pura del planeta, gratis, sin pagar un centavo, y luego totalmente contaminada con venenos como el arsénico y otras sustancias químicas, la vuelcan en ‘diques de cola’ desde donde, en el mejor de los casos, pasados unos pocos meses comienzan a lixiviar aguas abajo, contaminando todos los ríos de llanura que parten de los deshielos, atraviesan nuestra llanuras donde están radicadas nuestras ciudades que toman de allí el agua para potabilizar, algo que deja de ser posible porque no hay forma de limpiar el agua de estas substancias químicas. Y después se llevan estos minerales, sin pagar impuestos, ni siquiera declarar sus volúmenes y contenidos, como ya ocurre en la realidad, y se van, dejando como saldo un descomunal daño ambiental, destrucción de ambientes naturales de invalorable belleza, dejando como único saldo local, unos pocos salarios en un país que por acción del actual gobierno ha pasado a tener en seis meses los salarios más bajos, expresados en dólares, del continente.
-Y, por si a alguien no le alcanza con esta información, utilizan volúmenes descomunales de energía eléctrica, que se la tenemos que llevar a boca de mina, con el costo que eso significa, y luego vendérselas a precios subsidiados y libres de impuestos, a diferencia de los locales, que hemos comenzado a pagar la energía eléctrica, generada con costos locales con nuestro gas, nuestras centrales hidráulicas y atómicas, pero pagada en dólares a precios internacionales.
También tendrán beneficios absurdos en materia cambiaria, ya que desde el tercer año de actividad, no tendrán la obligación de ingresar las divisas por los productos que exporten, como regalo adicional al no pago de los derechos a las exportaciones.
Tan grave como todos los privilegios inexplicables para contaminar y saquear sin pagar impuestos y llevarse todo al exterior (producción y dólares), el régimen otorga “estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria” por un período de treinta años.
Y esa “estabilidad” que impediría cualquier nueva imposición o suba de tributos, no se aplica si los mismos se bajan. Es decir que ante la posibilidad de que la humanidad desaparezca del planeta en ese lapso, el RIGI seguiría vigente y sin posibilidades de modificarse, como base del saqueo y la depredación de nuestro territorio.
Como broche de oro de este estatuto de entrega de recursos y riquezas argentinas a grandes corporaciones internacionales, el articulado dispone una renuncia total a nuestra soberanía como nación. En caso de controversias con esos grandes inversores saqueadores y que no se resuelvan en forma amistosa en 60 días, las mismas serán resueltas en tribunales extranjeros sometidos a los grandes capitales mundiales, como la Corte de la Haya o el CIADI, donde la Argentina siempre sale desfavorecida.
Las posibles inversiones que pueda llegar a generarse en la eventualidad que se apruebe este engendro legal entreguista, se realizarán en las actividades extractivistas depredadoras: de los agronegocios en la pampa húmeda, de la extracción de petróleo y gas con el fracking, y de las megamineras en las zonas cordilleras, con nulo impacto positivo para el país y la sociedad argentina. Casi nulo efecto en la generación de empleo o mejoras de las condiciones de vida de la gran mayoría. Pero sin duda desencadenará una oleada de efectos negativos de todo orden: económico, social, ambiental, territorial y sobre la soberanía nacional.
Urge reaccionar de manera urgente, con una sociedad informada, comprometida y movilizada, para lograr no sólo evitar la aprobación del RIGI, sino para frenar el Plan Masacre y comenzar a construir una nueva sociedad para un mundo nuevo, solidario, equitativo y sustentable, que merecen todos los seres humanos del planeta, y que nos merecemos todos los argentinos.
