Con la implementación de un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir a principios de julio, el aumento del 100% en las tarifas de peaje del Corredor Vial N° 18 (Rutas Nacionales 12 y 14) y del puente Rosario-Victoria, ha generado una fuerte oposición de parte de usuarios al cabo de la consulta ciudadana, que convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue considerada por muchos como un mero formalismo, y donde el gobierno nacional aprobó el incremento. Este ajuste mensual, basado en el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), ha sido criticado por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que denuncia la falta de un ente regulador y marco regulatorio que proteja los derechos de los usuarios, y considera la medida como una maniobra que favorece injustamente a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A., actualmente bajo investigación judicial y en concurso preventivo de acreedores.

En una nota enviada a este medio, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que oportunamente ha rechazado el llamamiento a la “Consulta Ciudadana” convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por ser «un simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito, y con la sola finalidad de imponer y habilitar un nuevo incremento en las tarifas de peaje que cobrará la Empresa inoperante e incumplidora Caminos del Río Uruguay S. A., que comprende las Rutas Nacionales 12 y 14 y el puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174. Como suele ocurrir habitualmente, hay que destacar que el aumento ya estaba autorizado antes de la realización de la Consulta Ciudadana citada».

“Es sumamente grave que se premie a una Empresa incumplidora con un 100 % de aumento en el peaje y cuya prórroga contractual se encuentra investigando la justicia, y que la Consulta Ciudadana se haya llevado a cabo sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. Las concesiones viales tienen carácter de servicio público”, señaló Jorge Zatloukal, integrante del CONADUV.

Por otra parte, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del CONADUV, manifestó que “es lamentable la actitud injusta y poco democrática de las correspondientes Autoridades nacionales, que imposibilitan el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar el porcentaje de aumento que ya se encontraba definido y aprobado de antemano en las respectivas Resoluciones redactadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva de quienes gobiernan”.  Lasca también subrayó un dato no menor:  «La Empresa Caminos del Río Uruguay S. A. se ha presentado en Concurso Preventivo de Acreedores y esta situación se encuadra como causal de extinción de contrato. También obsta las prórrogas.”

Los voceros de asociaciones de usuarios señalan que «el tema no pasa por modificar los cuadros tarifarios constantemente con la única finalidad de restablecer la ecuación económica financiera de la concesionaria, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario. Debería analizarse el problema de fondo de todo lo que viene ocurriendo irregularmente desde los años 90. En este caso concreto se está ante un contrato de concesión leonino, ilegal y lesivo, con tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés nacional, y de beneficios abusivos para el concesionario.»

«Desde el Gobierno Nacional intentan paradojalmente, y vaya a saber porque razón, premiar a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay S. A. con otro injustificado incremento de las tarifas de peaje, totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. Todo hace suponer una maniobra tendiente a beneficiar sólo al concesionario., con lo cual se sigue provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad.»

También reiteraron que es importante señalar «la indebida e irregular situación de Caminos del Río Uruguay S. A., bajo un régimen de peaje inconstitucional, ilegal, inviable e injusto, con renegociaciones y prórrogas indebidas y un traspaso a la misma, en forma directa, sin licitación ni convocatoria a audiencia pública del Puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174.»

Por lo tanto CONADUV rechaza el nuevo tarifazo de peaje y la correspondiente actualización mensual, exhortando a las respectivas autoridades, coraje, voluntad y decisión política para que se ponga punto final a esta estafa vial rescindiendo el correspondiente contrato de concesión.

Finalmente el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) reitera su propuesta de «eliminar el actual sistema de “falso peaje o impuesto al tránsito” con cabinas de cobro en ruta que existe en las Rutas Nacionales 12 y 14, y Puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174, reemplazándolo por el peaje indirecto sin cabinas de cobro en ruta, reasignando parte de los fondos que se recauda de Impuesto a los Combustibles y haciendo que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se haga cargo de atender las tareas de conservación y mantenimiento que garanticen el buen estado de transitabilidad de los corredores viales en cuestión. Así se logrará inversión y puestos de trabajo, baja en el costo de transporte, mejorar la situación de las economías regionales, disminución en los accidentes y siniestros viales, entre tantos otros beneficios.»