Es un caso paradigmático de los funcionarios del Estado que salen de la función pública para ser contratados por las empresas privadas (a las que deberían haber controlado), para defender sus intereses. En muchos países está legislada la penalización de esta modalidad a la que denominan como ‘política de puertas circulares’. Dado que dichos funcionarios, un día están controlando los intereses privados, y al día siguiente pasan a ser empleados a sueldo de estos mismos intereses, para enfrentar los de la sociedad a los que supuestamente estaban defendiendo hasta el día anterior. Estamos hablando del ex Coordinador de CORUFA Consejo Regulador de Fuentes de Agua- de la provincia, Eduardo Asueta, (nombrado por Gustavo Bordet), quién debió haber frenado el proyecto Amarras oportunamente. Posteriormente debería haber dado cumplimiento a la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó en última instancia que el humedal fuera restituido a los valores previos a la intervención antrópica. Algo que no solo no hizo, sino que inmediatamente después de dejar la función pública paso a ser (puertas circulares) abogado de la parte condenada por el fallo, obviamente irrevocable y definitivo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ya nos hemos ocupado de este caso en innumerables oportunidades: supuestos inversores inmobiliarios que rellenaron un humedal que protegía la ciudad de Gualeguaychú del impacto de las crecidas del río homónimo, construyendo un dique sobre su valle de inundación, de modo tal que la velocidad de las aguas que era amortiguada y absorbida en parte por el bajío, ahora rebotan y son proyectadas a la ciudad a una velocidad y con un volumen desconocido anteriormente. Con el agravante que el talud artificial, que los perpetradores construyeron para lotear y vender sus parcelas, tiene una altura significativamente mayor que la defensa costera de la ciudad, la costanera, como la conocen los locales, que, al ser superada en altura, en más de un metro, queda a merced de la invasión hídrica que ahora ingresa al casco urbano con una velocidad desconocida hasta el presente, ya sin el freno del paseo urbano construido hace casi un siglo para impedirlo.

Con imágenes topográficas tomadas del Topographic Map de Google Map.

Link de Topographic Map para Gualeguaychú: https://es-ar.topographic-map.com/maps/6598/Gualeguaych%C3%BA/

En la imagen adjunta se puede verificar que antes del dique inmobiliario, el agua que escurría por el río era absorbida en parte por el extenso humedal, de más de 100 hectáreas, y también por el mismo efecto, la velocidad de incursión del agua en el casco urbano disminuía sensiblemente, dando oportunidad a los locales de adoptar las medidas preventivas pertinentes.

Para que se tenga en cuenta de los efectos potenciales que estamos considerando, tomamos el inventario de los daños provocados de la última gran creciente sobre la ciudad, ocurrida en 1978:

–              2.327 viviendas inundadas

–                177 con daños totales

–          12.000 personas debieron abandonar sus hogares

–             2.000 personas debieron ser alojadas y racionadas durante dos meses

–          Afectación total y exclusiva de todos los equipos municipales y de Vialidad, durante meses, para paliar mínimamente los daños.

Sin embargo, el ex funcionario público. Hoy devenido abogado de la parte opuesta, acaba de publicar en un medio, una nueva y larga carta en defensa de los sancionados pretendiendo con una rebuscada sarasa, desvirtuar los hechos, y tratar de reinstalar un caso cerrado, dado que, en nuestro país, el máximo órgano de justicia es la Suprema Corte, y por lo tanto sus fallos solo pueden cumplirse, sin ningún subterfugio, chicana, o argumentación adicional. Algo que pareciera que el abogado Asueta no aprendió en su paso por la universidad.

Si no se entiende transcribo los dos últimos párrafos de la peculiar misiva del abogado: “Conclusión… pasan los meses, y pasan los años, y este desarrollo sigue enredado en el limbo administrativo-judicial. Ni el Poder Judicial ni el Gobierno Provincial han demostrado la energía y la capacidad de liderazgo para contribuir una solución constructiva del conflicto. Si realmente queremos ser una Provincia de la Región Centro, de verdad, entonces tenemos que empezar a aprender de nuestros errores, todos, y empezar a cambiar algunas cosas, paso a paso…”

…¿enredado en el limbo administrativo judicial? (RECONTRA SIC) Existe una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que Asueta: ¿De que estará hablando?