Estudiar desde la casa a partir de 4° grado: Agmer calificó de “mamarracho” el proyecto y advirtió sobre la intención de desentenderse de las escuelas

“Cuando vos tomás los casos de houseschooling (sic), funcionan mejor porque a mucha gente no le gusta la formación que le dan en el colegio”. La frase la dijo Javier Milei a fines de abril de 2023 en una entrevista con Radio Mitre durante su campaña electoral. Siguió: “¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino. El sistema de la obligación no funciona” dijo entonces Milei, agregando que en el sistema educativo actual “estás preso del adoctrinamiento”.

Poco más de ocho meses después, las palabras aparecen traducidas en vocabulario normativo en el apartado de la ley ómnibus que propone modificar el Artículo N°109 de la Ley de Educación Nacional (LEN): “Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”, según Página 12.

“La disputa es cultural y es lo que me preocupa sobremanera”, acotó Zampedri. Y recalcó que la postura del gremio es que la educación es un derecho y no un servicio.

Zampedri dijo, en primer lugar, que la educación es un derecho social y que el estado debe garantizar ese derecho con la inversión necesaria para que “todos los pibes y pibas” tengan acceso al jardín, la escuela primaria y secundaria. “Es una responsabilidad ineludible”, subrayó. Además, reclamó mayor inversión, con mayores porcentajes del PBI en Educación.

Además, el secretario gremial de Agmer Central recordó que la educación depende de las provincias y, en el caso de Entre Ríos, dijo que se imaginaba que el gobierno de Rogelio Frigerio está muy lejos de compartir “esa locura”. “Esta es una locura más de Milei como tantas otras”.

Adentrándose en ese terreno, Zampedri sostuvo que en el año 2020 los trabajadores de la educación hicieron un esfuerzo tremendo para sostener la virtualidad. “Estábamos en una situación de emergencia sanitaria pero el resultado, cuanto más humilde, más popular, menos condiciones materiales tiene, más fuertemente se ve afectado el derecho a la educación”, remarcó.

Zampedri sostuvo que el proyecto no resiste ningún análisis. “Es impensado que Argentina se pueda llevar adelante por decisión política del Estado un proceso de enseñanza desde el segundo ciclo de primaria desde la virtualidad”, indico.  Sobre todo porque “se ningunea el proceso de enseñanza y aprendizaje de los especialistas que somos los docentes”. “Claramente hay una desvalorización y se abre la puerta a la privatización, a las ofertas del mercado y cuando el mercado entra al sistema educativo lo único que hace es desastre”.

“Me imagino que los diputados y senadores de ninguna manera pueden aprobar esto, sea del partido que sean”, remarcó. “Verdaderamente es un mamarracho”, acotó.

Por su parte, Stegbañer manifestó que, para que un chico pueda recibir educación a distancia se necesita una notebook o un tablet, además de una conexión a Internet.  “Hoy los precios de las computadoras portátiles, yo he mirado esta semana en una recorrida en los locales de Concordia, van desde los $ 600.000 a los $ 1.500.000. Es inalcanzable para núcleos familiares con ingresos escasos”, dijo.

De la misma forma, sostuvo que ya en la pandemia observaron las dificultades que tuvieron muchos chicos debido a que, en muchos hogares, había un solo celular que se ocupaba para otras cuestiones, como laborales. “Los chicos no podrían acceder para completar los trabajos, enviar un PDF o responderé las preguntas”, dijo.

De hecho, remarcó que el acceso a Internet en las escuelas es garantizado por el esfuerzo de los docentes o de la comunidad educativa. No hay un sostenimiento desde el Estado de la conexión digital escolar. Stegbañer recordó que se presentaron proyectos en ese sentido pero no se concretaron. “El Internet lo contrata la escuela con sus recursos propios”, dijo. De hecho, llegaron aulas virtuales a muchas escuelas pero algunas quedaron en desuso.  Y si bien indicó que el año pasado llegaron algunas notebooks debido al plan conectar Igualdad, dijo que solo se entregaron en algunos establecimientos escolares. “No en todos”, indicó.

Además, sostuvo que, detrás de la propuesta se esconde un sesgo privatizador donde se plantea básicamente que quienes puedan, sigan estudiando a través de una plataforma, y se deja en segundo plano a la escuela pública.  Asimismo, recalcó que el proyecto vulnera derechos. Por un lado,  el derecho de los niños a recibir educación. Por el otro, el derecho laboral de los docentes.

“Hay una gran preocupación por la inversión nacional en Educación. Ahí está el Fondo de Incentivo Docente, está el plan de Conectividad, están los recursos que van a las provincias más pobres, en el caso de Entre Ríos el pago de la hora extendida (desde el año pasado la hora extra en las escuelas primarias la paga el Estado Nacional). Está por verse si el Estado nacional va a seguir financiando esos recursos que no son menores a la hora de sostener el sistema educativo”, indicó.

De la misma forma, remarcó que la CTERA y la CTA adhieren al paro nacional con movilización convocado para el 24 de enero. En tanto, CTA Entre Ríos tiene previsto reunirse el 18 de enero para analizar como adherir a la marcha y al plan de lucha. Los gremios de base, como Agmer, mantengan encuentros con legisladores nacionales para pedirles que rechacen el DNU.

Asimismo, remarcó que el gobierno provincial  tiene autonomía en materia educativa. “Esperemos que haya racionalidad en la interpretación del proyecto éste si se lograra aprobar. Que la provincia no lo tome. Sería sacar el sistema educativo al 50 % de los chicos”, mencionó.

“Estas políticas económicas van a pegar muy fuertemente en las familias, aumento de las prepagas, de las tarifas y de la escuela privada, con salarios congelados. Va a haber un corrimiento seguramente a la escuela pública”, dijo.

Por último, Stegbañer sostuvo que el proyecto no tiene nada que ver con una perspectiva de educación inclusiva como propone el sistema educativo vigente. El gremialista admitió que tenía “muchas fallas” pero se venía recomponiendo poco a poco. “Esto barre con todo y pone en jaque el sistema educativo”, sostuvo.