En el Salón Punto Digital de Ibicuy, ubicado en calle Belgrano 919 de esa localidad, se llevará adelante el 20 de febrero venidero, a las 10:00, un encuentro de Participación Ciudadana. Se trata de una reunión abierta a la comunidad para empaparse y hacer preguntas sobre un análisis de impacto ambiental acumulativo de la actividad minera que se realiza en el Departamento Islas del Ibicuy para extraer arenas silíceas. La instancia se abrió a partir de un recurso de amparo ambiental iniciado por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy por la autorización y vigencias de los permisos otorgados a las empresas que extraen el material usado para obtener petróleo no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. En este proceso, a fines del año pasado, se presentó el denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, que fue elaborado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y fue puesto a consideración pública en un sitio dispuesto por la Justicia. Para saber de qué se trata este estudio, la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, María Valentina Ramírez Amable, convocó así para este encuentro informativo.
En esta audiencia pública, el abogado Ricardo Luciano, expondrá lo que entiende son “yerros gravísimos” del Estudio de Impacto Ambiental (EdIA) que fue publicado, adelantó en diálogo con ERA Verde. El profesional es actor en otras demandas judiciales respecto al accionar de las empresas de explotación de arena silíceas, y tienen una mirada crítica respecto a los mecanismos para otorgar permisos y controles a estas firmas. Apunta que se trata de “un negocio millonario en dólares que se estima para este año en sólo la arena de sílice extraída en Entre Ríos para Vaca Muerta de 700 millones de dólares. ¿Qué les queda a los entrerrianos? Nada, sólo depredación”, describe para dar cuenta del delicado escenario del que se habla.
FRUTO VENENOSO
De lo analizado, Luciano señala que “contiene yerros inexcusables, burdos, que más que un EdIA es un ‘copia y pegue’ de los estudios ya presentados por las areneras que actúan en la zona, y se sabe que son realizados a medida e interés de las areneras”, criticó. Esto, afirma el letrado, lo ha dicho “en cada audiencia pública que he asistido, lo he manifestado. Pero ni siquiera el ‘copia y pegue’ les impidió caer en el yerro inexcusable que denunciare en su oportunidad”, anticipó. Por este actuar, entiende el abogado, el documento “tiene una pifia, vicio, error de origen que, como dicen los penalistas, todo lo que sigue después es nulo, ‘Fruto del árbol envenenado o fruto del árbol venenoso’, fruits of the poisonous tree”.
El detalle de las observancias tomará forma de impugnación del Estudio de Impacto Ambiental, afirmó Luciano a ERA Verde, que será presentada “a las autoridades correspondientes: Municipalidad de Ibicuy y Secretaría de Ambiente provincial, y que ambas tendrán que responder, a cada punto”. Hasta tanto no se evacúen las solicitudes de información, la aprobación estará en suspenso, planteó.
Lo que más ha llamado la atención de Luciano, y uno de los ejes de esa impugnación es respecto a lo que se denomina Plan de Cese, “o dicho de otra forma ‘cómo solucionamos los pasivos / daños ambientales generados por la actividad minera’” que, según se menciona en la página 243 se “dan como alternativa a la ‘Acuicultura en canteras’”. En este orden, en el punto 3.13 propone que “el cese y abandono está previsto para el año 2032, con una prórroga por condiciones complementarias hasta 2037. El destino proyectado con el cual se reemplazará a la actividad minera en el establecimiento será producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura como propuesta productiva”. Al respecto, el profesional explicó que “se debe entender como ‘humedal antrópico’ a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador, es decir dejan como pasivo/daño ambiental una modificación ‘contra natura’ de lo que la naturaleza sabiamente generó durante miles de años”. Y que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.
Respecto a la cría de “peces en cautiverio”, a Luciano le surgen algunas incógnitas, como “quién instruirá a los lugareños de la zona en la nueva actividad; de donde surgirán los capitales y el agua para la ‘nueva y revolucionaria’ actividad económica; como harán para cambiar la idiosincrasia de los habitantes de la zona que tienen muy arraigada su forma de vida que se sustenta en la cría de ganado bobino, ovino, y equino’.
Finalmente, calificó a quienes realizaron el estudio como “desinformados y faltos de preparación”, que “intentan de cualquier forma hacer parecer viable algo que es inviable”.
