Para reflejar el impacto de los costos en la economía familiar, la Defensora Pautaso mencionó – a modo de ejemplo – que el envase de una garrafa de 10 kg cuesta alrededor de $25 mil, más unos $3 mil en concepto de carga, un regulador $5 mil, una estufa de pantalla $10 mil aproximadamente y una estufa de gas ronda los $50 mil.
A lo que agregó que el 60% de la población argentina es usuaria del servicio de gas envasado y sólo el 40% de ese número accede a programa social específico.
“Estamos preocupadísimos por esta situación”, dijo la Defensora en declaraciones en un programa radial, tras mencionar que “ante los elevados costos de la garrafa, muchas familias vulnerables no tienen acceso al gas y recurren a soluciones altamente riesgosas para la vida y los bienes de usuarios, por la emanación de monóxido de carbono y el peligro de explosión o intoxicación que ello genera.
Por ejemplo, recargas de envases y elementos no controlados, estufas sin mantenimiento o pantallas de calor, entre otras acciones que buscan para generar calor y cocinar los alimentos, la utilización de artefactos eléctricos de gran consumo mediante instalaciones indebidas y precarias o a combustibles no aconsejados en ambientes pequeños o poco ventilados.
“Necesitamos que el gas sea declarado en forma urgente un bien esencial, y ese fue el pedido contundente que se presentó en el último plenario de ADPRA (Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina) que se llevó a cabo en Paraná. Además, se requirió la regulación de las tarifa y que se garantice la distribución, asistencia y acceso a más hogares en todo el país, solicitud que fue elevado ante la Nación.
Por último, mencionó que por pedido del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Defensoría del Pueblo adhiere a la campaña de difusión sobre ahorro y prevención en el uso de este elemento, en la que el organismo brinda recomendaciones para la utilización adecuada y segura en los hogares.
