La iniciativa del gobierno nacional, que busca que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, “propicia un sistema fragmentado y desigual”, indicaron desde el Directorio Obrero de Iosper.
En ese marco, apuntaron que el accionar “ataca los derechos de las personas con discapacidad”, por lo que se expresaron que hay que “proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan las personas con discapacidad”.
Para el Directorio “es deber del Estado, a partir de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la participación y la inclusión de las voces de las personas con discapacidad, sus organizaciones y colectivos, en cada etapa del proceso y es esencial para crear políticas efectivas, justas y sostenibles, ya que no solo asegura el respeto de sus derechos, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva y equitativa”.
