El FdT defendió, con su mayoría de 16 diputados, la decisión de haber avanzado en enero con el pedido de destitución de los magistrados, mientras que los 15 diputados de JxC y el “Topo” Rodríguez buscaron impugnar el proceso.
“La Corte no puede actuar suponiendo que la Constitución no rige para ella y que pueda disponer como quiera sobre sus competencias. Y en los últimos tiempos los mayores esfuerzos de la Corte parecieron dedicados a inmiscuirse en política partidaria, creando un estado de incertidumbre y fabricando conflictos institucionales donde antes no había”, arrancó Leopoldo Moreau, quien se encargó de defender la constitucionalidad del juicio político, así como desgranar la forma que la Corte había incurrido, de manera sistemática, en un “desvío de poder”. Apuntó, a su vez, contra la oposición por oficiar de abogados de la Corte durante los últimos meses: “Muchos actuaban espantados frente a la posibilidad de que se corriera el velo sobre el anonimato respecto al funcionamiento de uno poderes de la república”, provocó, haciendo referencia a las objeciones durante los interrogatorios a los funcionarios de la Corte.
Los dictámenes
Con 16 votos a favor – ni uno más ni uno menos -, el FdT logró avanzar con cuatro dictámenes acusatorios: uno por cada cortesano. El más complicado – más por el peso de la prueba recabada que por la cantidad de causas que lo perjudican – es Juan Carlos Maqueda, principal apuntado por las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial. A Maqueda se lo acusa por la ausencia de fiscalización de la obra social entre 2008 y 2021, período durante el cual se detectaron numerosas irregularidades: ausencia de estados contables y financieros, inexistencia (durante 13 años) de un presupuesto, sistemas informáticos vulnerables y obsoletos, licitaciones irregulares, violación a los datos personales de los afiliados, entre otros. Gran parte de estas irregularidades son reconocidas por el mismo Maqueda en un mail que le envía a los cortesanos en agosto de 2021.
La causal de coparticipación, mientras tanto, pesa sobre los cuatro cortesanos. Es, de hecho, la única que afecta directamente a Lorenzetti (que es quien salió mejor parado de todo el juicio político). La causal es por “desvío de poder” y acusa a los magistrados de haber “violado el orden jurídico vigente” al perjudicar el sistema federal de gobierno, así como haberse arrogado facultades legislativas, entre otras denuncias. A Rosatti, puntualmente, se lo acusa por no haberse auto excusado de la causa debido al vínculo de “íntima confianza” entre su vocero Silvio Robles y el ex ministro larretista, Marcelo D’ Alessandro (cuyos chats filtrados fueron el puntapié de todo el proceso).
La causal del 2×1 a los genocidas apunta contra Rosatti y Rosenkrantz – que son los que firmaron el fallo Muiña – por haber “retenido” el fallo Schiffrin – un fallo que refería a la edad jubilatoria de los cortesanos – para poder sumar el voto de Elena Highton, quien estaba por cumplir los 75 años y deseaba permanecer en el cargo.
La causal de Consejo de la Magistratura, por último, apunta contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, acusándolos por la “irrupción del proceso legislativo”, la falta de excusación de Rosatti – ya que él, en tanto presidente de la Corte, pasaría a presidir el Consejo de la Magistratura -, el “exceso de jurisdicción”, entre otros cuestionamientos.
