La justicia federal viene jugando un papel trascendental al iniciar un proceso de cacería contra el kirchnerismo, y en especial contra la vicepresidenta Cristina Fernández, al mismo tiempo que favorece a funcionarios y/o militantes macristas. En la provincia de Entre Ríos conocemos dos casos muy recientes como los del gobernador Rogelio Frigerio y del flamante titular de la CODESAL, Eduardo Cristina: El juez federal Julián Ercolini (el mismo que visitó gratis Lago Escondido, la estancia del magnate inglés Joe Lewis, el amigo de Macri) sobreseyó al actual gobernador a pesar de una fundada denuncia de la Oficina Anticorrupción que dio cuenta del maridaje entre el ex ministro del Interior de Macri y la empresa a la que le cedió bienes inmuebles del Estado Nacional. Ahora, otra Cámara Federal y luego de tener cajoneada durante 20 años una causa por contrabando millonario en dólares, en la que el principal implicado fue Eduardo Cristina, excandidato del macrismo, decide NO obligarlo a devolver el monto de la estafa al Estado Nacional y en cambio permitirle donar (¿?) $18.000.000 y mostrarse “inocente”. ¿Un inocente debe pagar esa suma luego de 20 años estando procesado sin llevar adelante un juicio oral y público como correspondería para demostrar su inocencia? ¿De onda el tipo donará 18.000 dólares? Como mínimo el episodio es raro. La jueza federal Graciela Carnero, cuya relatora es la esposa de un alto representante de la justicia provincial, dio por extinguida la acción penal a pesar de la opinión de la Aduana (Es decir el Estado, o sea nosotros) sobre que no recuperó un peso de ese contrabando denunciado. Cada vez más claro que «LA CORRUPCION» no es un problema, salvo para perseguir kirchneristas por la razón que fuera. De lo contrario «el jefe» hace rato que estaría preso y sin embargo la juega de estadista. Los únicos que parecen haber tomado conciencia de tal cosa han sido los amantes de boquita.