La Corte Suprema dejó sin efecto la destitución de Cecilia Goyeneche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la destitución de Cecilia Goyeneche por considerar que hubo vicios graves en la conformación del tribunal que exoneró a la ex procuradora adjunta y en la designación de quien debía oficiar como acusador en el proceso. La resolución fue adoptada por unanimidad y ordena dictar un nuevo pronunciamiento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que había confirmado la destitución de Cecilia Goyeneche y, siguiendo al procurador interino Eduardo Casal, ordenó devolver las actuaciones a la provincia para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En ámbitos tribunalicios se especula con que la decisión, adoptada por unanimidad, implicaría realizar un nuevo proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ello en virtud de que Corte Suprema decretó la nulidad del proceso en virtud de “la gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador, lo que implica “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”.

No obstante, el máximo tribunal aclaró expresamente que ello “no implica abrir juicio acerca del mérito de los hechos que dieron inicio al proceso de juicio político”, es decir, supuesto mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo en la tramitación de la causa por contrataciones irregulares en la Legislatura para financiar la política.

Goyeneche, segunda del procurador provincial Amilcar García, fue sometida a un jury y removida de su cargo por haber “perdido el atributo de objetividad”. Se supo que su esposo, Sebastián Bertozzi, habría mantenido vínculos con un estudio contable sospechado de participar en una asociación ilícita que fraguó contratos por 2 mil millones de pesos. Aunque Bertozzi no figura formalmente como integrante del estudio “Integral Asesoría,” prestó servicios relacionados y trabajó en el Concejo Deliberante de Paraná durante la gestión de Sergio Varisco, condenado por narcotráfico. Estas conexiones, ocultadas y negadas en principio por la «fiscal anticorrupción» fueron apuntadas, entre otras cosas, para cuestionar su imparcialidad.