La defensa de Mazurier sostuvo que en la Codesal «no había qué robarse» y calificó de «disparate absoluto» el pedido de 11 años de prisión

Dependiendo de la temporada, la Codesal tenía entre 70 y 120 empleados, entre administrativos, guardavidas y personal de mantenimiento. En temporada estival, rondaba los 120, y luego bajaba a 70 destinados al mantenimiento el resto del año. ¿Cuáles eran los ingresos para pagar los salarios? Moyano explicó que la Tesorería de la Provincia enviaba un monto de dinero que alcanzaba a pagar la cuarta parte de los sueldos. También tenía ingresos por venta de entradas en las termas. El abogado indicó que, en la temporada de verano, cuando la actividad era mayor, se podían concretar los faltantes. Y durante los inviernos se debía hacer “economía de guerra: reducir gastos en diferentes rubros, postergar obras de mantenimiento y pagar los sueldos mínimos”.

Moyano sostuvo, basándose en los números que maneja la Fiscalía, ya que pidieron informes “a todos lados”. De allí dedujo que la Provincia no le enviaba plata. “Tenía que para $ 2 millones de sueldos por año y la provincia le mandaba entre $ 400.000 y $ 700.000 por año. No alcanzaba la plata. No había que robarse”, dijo.

Moyano se basó en el testimonio de algunos funcionarios como el actual senador Edgardo Kueider o el ministro de Economía, Hugo Ballay, a quienes Mazurier les decía que ponía plata propia para pagar los sueldos. “Reconózcanme los gastos”, les pedía. “Logró una sola vez que le reconocieran. Si tomamos ese número de cuanto se le había reconocido de gastos de contratos de personal, que fue por un semestre, lo multiplicamos por dos y lo proyectamos a todos los años  nunca alcanzó para poder pagar todo eso con lo que mandaba la Provincia”, indicó.

El letrado sostuvo que incluso si se tomase lo que ingresaba por entradas durante 2016 y 2017 en la gestión posterior de la Codesal de José Ostrovsky, y “no alcanzaba tampoco para cubrir los sueldos”. “Para que se den una idea, la recaudación de 2016 daba para pagar los sueldos de 2010, inflación en el medio”, indicó en referencia a las cifras nominales.

Más adelante, Moyano sostuvo que tres empleadas administrativas que se encargaban de contabilizar los ingresos y pagar los sueldos del personal que señalaron ante los jueces que “no alcanzaba la plata que para pagar todo en todo momento”. Incluso, sostuvo una de ellas sostuvo que vio en un momento dado como Mazurier pedía plata a un pariente para pagar al personal y “no dejar a la gente sin cobrar.

Asimismo, sostuvo que Arias no pudo probar cuanto le estaba imputando a Mazurier que se había llevado. “No tiene ni la menor idea: habla en el aire. Es decir que no hay una cuantificación de la extensión del daño que el fiscal imputó”, indicó.

Por otra parte, el letrado calificó como disparate el pedido de once años de cárcel. Lo comparó con la pena que se aplica comúnmente por un homicidio  a un hecho donde estamos discutiendo dinero. “El bien jurídico tutelado en el medio no tiene nada que ver un caso con otro”, indicó. Moyano sostuvo que no está discutiendo si Arias tiene razón o no sino que cuestiona un pedido de prisión por una cuestión económica equivalente a un homicidio simple”, indicó. Cabe aclarar que un homicidio es penado de 8 a 25 años aunque en   la mayoría de los casos se fijan penas de 11, 12 o 13 años sin agravantes.

Respecto de la situación del Hotel Ayuí, el fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes declaró como testigo en la causa. Vía streaming, dijo que el gobierno de Entre Ríos nunca recibió formalmente de manos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande el Hotel Ayuí, postura que contrasta con dictámenes del organismo nacional según los cuales hubo un traspaso automático del complejo turístico una vez que finalizara, en el año 2012, la concesión a la empresa Balace SRL. Arias cuestionó los dichos de Rodríguez Signes, al asegurar que el funcionario provincial se apartó de la verdad. Dijo que Fiscalía de Estado no cumplió con su misión y que se volvió un eslabón en la cadena de corrupción.

Pero Moyano sostuvo que “el funcionario dio un punto de vista con fundamentos y derechos”. Rodriguez Signes sostuvo que para preservar los intereses de la provincia, no podía aceptar el hotel abierto con empleados y una gestión en funcionamiento con gente que no conocía”. En todo caso, sostuvo que la Provincia puede recibir un hotel “pero cerrado y sin empleados” porque no quería problemas de una gestión que no conocía.

“Puede haber una discrepancia en la valoración, de hecho yo no compartí la valoración, pero salieron a pegarle como si hubiese dicho una tontería o quisiera beneficiar a Mazurier pero dio una opinión basado en un dictamen jurídico en absoluta consonancia con lo que escribió hace 10 años. Hace 10 años opinaba lo mismo”, dijo. “Se podrá compartir o no pero no dijo ninguna estupidez ni forzó absolutamente nada”, añadió.

Tras arrancar a fines de septiembre, se sucedieron varias audiencias del juicio oral por las que desfilaron 35 testigos. La sentencia será leída el 4 de diciembre. Moyano dio por descontado que sea cual sea el veredicto al que arriben los jueces Eduardo Degano,  Si el tribunal encuentra culpables a Mazurier, Cintia Mengeón y Alberto Jesús Villanueva, ambos acusados de participes necesarios para los que Arias pidió cinco años, la defensa va a apelar. Lo mismo si los absuelve a todos los imputados, el fiscal hará lo mismo. Y si resuelven una pena intermedia, menor a la solicitada, tal vez el fiscal y el defensor también hagan uso del derecho a la apelación.