La inversión educativa nacional sufrió una drástica caída del 40% en 2024, comparada con el año anterior, según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.
Este recorte dispuesto por el gobierno de Javier Milei no tiene precedentes recientes y se convirtió en el mayor ajuste interanual desde 1992, superando incluso el impacto de las crisis económicas de 1989 y 2002.
Los datos reflejan una baja del 40,2% en los fondos para la función «Educación y Cultura», y del 43% en los recursos asignados exclusivamente a la Secretaría de Educación (ex Ministerio), en términos reales. Además, el informe destaca que el recorte educativo es casi el doble del ajuste general del gasto público, que fue del 21,1%.
El Ministerio de Educación había recibido el 6,4% del presupuesto nacional en 2023, mientras que en 2024 la participación de la Secretaría de Educación se redujo al 4,6% del presupuesto. En el mismo lapso, la participación de la función “Educación y Cultura” en el presupuesto nacional se redujo del 7,3% en 2023 al 5,5% en 2024.
Entre 2023 y 2024 (con datos al 22 de septiembre), el recorte de fondos para las universidades fue del 30%. En ese mismo lapso, las caídas fueron del 71% para Conectar Igualdad, 64% para infraestructura y equipamiento, 57% para acciones de formación docente, 57% para formación tecnológica, 55% para fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y 54% para becas a estudiantes: esos programas se dirigían a los niveles educativos obligatorios (inicial, primaria y secundaria). A estos recortes hay que sumarles la eliminación, en enero, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que suponía un aporte de la Nación a los salarios docentes (con una caída del 93%).
El ajuste educativo de 2024 es el mayor registrado en 40 años de democracia, solo comparable con el de 1992, cuando se aplicó la Ley 24.049, que transfirió las escuelas secundarias e institutos terciarios de la órbita nacional a las provincias. A diferencia de ese período, la crisis actual se da en un contexto de contracción económica general, lo que limita la capacidad de recuperación en los próximos años.
Incluso durante crisis profundas, como las de 1989 (con un ajuste educativo del 24%) o 2002 (15%), los recortes no alcanzaron el nivel actual. En comparación con los últimos 20 años, las caídas más significativas se habían producido en 2018 (-11%) y 2019 (-14%), en plena crisis económica.
En los años posteriores del menemismo, la inversión educativa volvió a crecer de la mano de la creación de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y General Sarmiento (UNGS) en 1992, La Rioja (UNLaR) y Patagonia Austral (UNPA) en 1994, Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF) y Villa María (UNVM) en 1995.
Entre 2023 y 2024, solo aumentaron de manera significativa los recursos públicos para Trabajo (+115,8%) e Inteligencia (+32,2%). De las 29 “funciones” que contempla el presupuesto nacional, “Educación y Cultura” (-40,2%) figura entre las 11 que recibieron los mayores ajustes.
El presupuesto proyectado para 2025 muestra leves mejoras, pero insuficientes para revertir el impacto del recorte de 2024. Se estima un aumento del 6,87% para la Secretaría de Educación, mientras que la función “Educación y Cultura” solo crecerá un 0,65%. Sin embargo, estos incrementos quedarían por debajo de la inflación prevista del 38,4%, lo que implicaría una nueva caída en términos reales.
Además, la inversión educativa medida como porcentaje del PBI será del 0,88% en 2025, muy por debajo del 1,48% alcanzado en 2023. Esto refleja que, aunque los números absolutos crezcan, la educación continuará perdiendo peso dentro del presupuesto nacional.
Al analizar los programas presupuestarios de la Secretaría de Educación, surge que los fondos para universidades (“Desarrollo de la educación superior”) tendrán una recuperación del 2% en 2025: la cifra queda muy lejos de compensar la caída del -30% en 2024, que motivó el conflicto expresado en dos marchas federales –en abril y octubre– y, actualmente, la toma de universidades públicas y el plan de lucha anunciado por los sindicatos en todo el país.
Los autores usaron los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía sobre el crédito ejecutado en 2023 y sobre el crédito vigente (al 22 de septiembre) para 2024. Para 2025, analizaron el proyecto de Ley de Presupuesto que se está debatiendo actualmente en el Congreso.
Fuente: Infobae, Argentinos por la Educación
