La verdad oculta del caso Venezuela

Venezuela ha sido objeto de un «golpe de Estado» como las «revoluciones de colores» impuestas en todo el mundo por EEUU. No voy a entrar a discutir la validez del triunfo electoral de Nicolás Maduro. Quiero recordar que Joe Biden demoró 40 días en mostrar las actas en las elecciones donde derrotó a Donald Trump en 2020. Incluso más. Desde el punto de vista institucional, en ninguna parte de la Constitución Nacional ni del Colegio Electoral se menciona que deben presentarse las famosas «actas», ya que las elecciones se realizan a través de un voto electrónico, donde el ciudadano, previa identificación del número de documento, vota apretando el botón correspondiente, entregándole esta un ticket que va a ser depositado en la urna y luego el número de boleta debe coincidir con los números de la máquina y ambos deben coincidir. Hecho el escrutinio, tanto el oficialismo como la oposición firman un acta que se entrega a cada uno de los representantes de los partidos. Esas son las actas o documentos que se elevan al Consejo Nacional Electoral, con representación de los distintos partidos.

Luego del hackeo que complicó el recuento, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, desnudó la falsedad de las actas publicadas por parte de la oposición de Edmundo González y María Corina Machado, utilizadas para denunciar el supuesto fraude electoral. Hay que recordar que ninguno de los voceros del candidato opositor jamás aceptó ni firmó el acuerdo de los candidatos propuesto por el CNE y no reconocieron al único ente designado para decidir el ganador de la elección. El dirigente de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido reveló que González, en la noche posterior del 29 de julio, puso a consideración de los venezolanos una página web donde iba a colocarse supuestamente unas actas con los resultados de los comicios. Llama la atención que el día antes de las elecciones fue alquilado por un año el dominio: www.resultadospresidencialesvenezuela2024, con lo cual dejan en evidencia que habían decidido no acatar el fallo del CNE, sino que montaron un Colegio Electoral paralelo. También se reveló que jamás estuvieron en disposición de aceptar la decisión legal del árbitro electoral. Son miles los papeles falsos inventados, inclusive actas cero como fueron presentadas como escrutinio.

En Venezuela no existe el voto físico, por lo que el comprobante que se deposita en la caja de resguardo funciona como un instrumento para verificar el funcionamiento de la máquina de votación. Un dato que no puede dejarse de lado es que el acta de escrutinio, impresa en papel de seguridad, es un comprobante que posee un código alfanumérico de cada máquina de votación que la emite. El acta de escrutinios es el único instrumento, firmado por los integrantes de la mesa, que puede servir para una posible impugnación.

Pasando a la situación de Venezuela en el contexto geopolítico, podemos decir que esta nación, a raíz de haber fracasado en numerosas ocasiones los intentos de golpes de Estado y no subordinarse a los designios del «imperio», ha sufrido, como otras naciones en el mundo, sanciones económicas como un cerco financiero. EEUU lidera la lista como el país más sancionador del mundo, seguido por los lacayos de la Unión Europea, como no podía ser de otra manera. Estas sanciones se pueden llevar a cabo solo porque el sistema SWIFT, el mayor y conocido sistema internacional de transferencias de información y realización de pagos que conecta 11.000 bancos e instituciones financieras en más de 200 países, es manejado por EEUU.

Cuando María Corina Machado, el cerebro del candidato opositor Edmundo González (asesino de los curas del Tercer Mundo en El Salvador), fue inhabilitada por pedir la intervención militar de EEUU, recurrió a las sanciones económicas, reactivando las restricciones al sector energético suspendidas por seis meses. La llamada Licencia General 44 permitía a Venezuela comercializar su gas y petróleo en los mercados internacionales. Esta insistencia sobre Venezuela abarca tres administraciones de EEUU. Las primeras «sanciones» fueron de Barack Obama; las de carácter económico se remontan a 2017. El Departamento del Tesoro, a cargo de Donald Trump, impuso restricciones a las operaciones, transacciones y negociaciones entre entidades y personas estadounidenses y el gobierno venezolano. Ese año, Venezuela entró en default en sus pagos de deuda porque no pudo salir del ahogo financiero.

En 2019, en plena pulseada con Juan Guaidó (que ahora está escondido en el Caribe), a quien nadie nunca le pidió las actas de esas siniestras elecciones en una plaza, tuvo que soportar las acciones sobre PDVSA, la compañía petrolera nacional. En esa ocasión, se suspendió por primera vez el intercambio petrolero entre EEUU y Venezuela, que le despachaba 500.000 barriles diarios, porque los yanquis estaban en conflicto con Arabia Saudita. (El perro que muerde la mano del que le da de comer). Junto con estas sanciones llamadas «primarias», se aplicaron sanciones secundarias con un veto en el sistema financiero de EEUU a entidades extranjeras que «asistan materialmente, patrocinen o proporcionen apoyos financieros, materiales o tecnológicos, o bienes y servicios». Con esta prohibición, se complicó la comercialización del crudo de PDVSA en los mercados internacionales, lo que llevó al país a recurrir al mercado negro de petróleo, comerciándolo con grandes descuentos. Este nuevo desfalco inducido en la principal industria del país involucró la pérdida de 21.000 millones de dólares.

EEUU quiere aplicar la Doctrina Monroe, de que América es para los americanos, pero del norte. Vamos hacia una transición del nuevo mundo, y el capitalismo, en medio de su decadencia, no repara en obstáculos para proseguir con su lujuria de poder.