Asistimos a una interrupción de facto del funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Han sido usurpadas las facultades del Congreso de la Nación atropellando la división de poderes y la representación de la ciudadanía.
El presidente ha sido elegido por la mayoría pero eso no lo autoriza a violar la Constitución y las leyes, no lo autoriza a atentar contra los intereses nacionales, no lo autoriza a ejercer el poder despóticamente en contra de la ciudadanía. Debe gobernar para todos cumpliendo su mandato en el marco constitucional y legal.
Las leyes necesarias para mejorar la vida de los argentinos deben resultar del debate libre entre los representantes electos y no del poder absoluto de un ciudadano que concentre de hecho toda autoridad. Nada más contrario a las libertades. Nada más autoritario.
No hay ninguna necesidad y urgencia para interrumpir el procedimiento normal de sanción de leyes. El presidente ha adoptado una decisión ilegal e inconstitucional.
El tan mentado shock no es nuevo, es la práctica ejecutada históricamente por los poderes económicos concentrados que avanzan sobre los derechos de la ciudadanía. El electorado ha sido estafado, se le prometió libertad y bonanza económica, y mediante este decreto se lo golpea salvajamente con precarización laboral, derogando el derecho a huelga y el pago de horas extras, la caída de convenios colectivos, el despido sin indemnización, entre otras modificaciones.
El derecho a la vivienda se pone en jaque creando incertidumbre e inestabilidad en la vida de las familias argentinas con la derogación de la ley de alquileres. ¿Quiénes podrán pagar el alquiler en dólares cuyo precio podrá ser determinado de manera abusiva y sin ningún control?
Se deroga con esta medida toda posibilidad de defender la soberanía territorial al habilitar la libre venta a extranjeros de tierras argentinas.
Se elimina la protección de la industria nacional y se autoriza la venta de empresas del estado de carácter estratégico.
Este DNU intenta imponerse en medio de un golpe económico que ha destruido la capacidad de compra del salario y los ahorros de las personas; que viene promoviendo Milei desde la campaña a través de la generación de expectativas negativas, hiperinflacionarias; y que viene a consolidar ahora como gobierno con una mega devaluación del peso argentino y la amenza constante de su eliminación.
A esto debe sumarse la amenaza de tarifazos en la luz, el gas y el transporte.
Someter a la población a un estado de sitio de hecho mediante la persecución penal y la eliminación de beneficios sociales para quienes ejerzan su derecho a protestar resulta discriminatorio e ilegal y pone en evidencia que avanzamos hacia un régimen represivo y dictatorial.
Los mismos responsables de la ilegal y más grande deuda contraída con el FMI y de la brutal fuga de capitales perpetradas durante el gobierno de Macri integran hoy el gabinete de Milei. Los mismos que provocaron la crisis de 2001 son los autores de este DNU. Los mismos Caputo, Sturzenegger y Bullrich.
Esos mismos recurren hoy a las mismas artimañas endeudando aún más al país y poniendo como garantía de pago el hambre del Pueblo. Esos mismos amenazan con represión.
El Estado sirve como instrumento de organización social y de control de los abusos de poder. Debe estar al servicio de la igualdad de los ciudadanos. Debe ser administrado por personas probas que defiendan la justicia social. Jamás la solución puede ser destruirlo, porque en ese caso lo único que impera es la ley del más fuerte.
El presidente mintió en campaña y miente ahora. Toda su actividad está dirigida a entregar la suerte del país en manos de un grupo de poderosos locales y extranjeros, y a tal punto lo hace que dicta una norma a la medida de la empresa Starlink de Elon Musk.
Tal concesión en manos de unos pocos debe ser considerada traición a la Patria.
Convocamos a la ciudadanía a reflexionar y a alzar su voz en defensa de sus derechos y de la Patria. Convocamos a los dirigentes políticos del campo popular a defender al pueblo argentino frente a este artero ataque recurriendo a todos los instrumentos institucionales a su alcance. El Congreso de la Nación debe representar a todos los argentinos sin dejarse avasallar. La justicia argentina debe actuar frente a esta ilegalidad en defensa de los intereses de nuestro país.
CORRIENTE ARTURO JAURETCHE
Maricel
También habla de privatizar el banco de La Nación y las Represas Hidroelectricas. Porque dice son parte de la CASTA.