El Comité enfatiza que actos como los apremios ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía son infracciones graves a los derechos humanos, conforme a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles de la ONU, ratificada por Argentina y elevada a rango constitucional. «Referirse a estos actos como accidentes laborales socava el compromiso del Estado con la erradicación de la tortura», sostuvo el Comité. La organización advierte que esta medida podría entenderse como una negación de la violencia institucional, al apoyar activamente la defensa de funcionarios imputados por estos delitos.
El comunicado resalta que la creación de un área dedicada a la defensa penal de policías acusados de apremios ilegales no solo refuerza la impunidad, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia. Lejos de otorgar respaldo, el Comité sugiere que aquellos funcionarios involucrados en estas prácticas deben ser separados de sus cargos y sancionados conforme a la ley.
Reconociendo el derecho de todos los ciudadanos a una defensa justa, incluido el personal policial, el Comité sugiere que esta defensa debe proporcionarse bajo condiciones de igualdad, a través de la defensoría pública si es necesario. Institucionalizar una estructura de defensa dentro de la policía para estos casos no solo es inapropiado, sino que implica un respaldo estatal a conductas violentas y delictivas.
El Comité concluye su pronunciamiento instando a la Honorable Cámara de Senadores a rechazar cualquier disposición que facilite la defensa institucional de funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos. Propone, en cambio, fortalecer los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad y garantizar un acceso igualitario a la defensa para todos, sin posiciones que minimicen o nieguen la existencia de violencia institucional.
Finalmente, el Comité sugiere una modificación específica en el Artículo 14 de la Ley 5654, que regule la defensa letrada estatal en casos de acciones penales contra la policía, excluyendo explícitamente aquellas que impliquen violaciones a los derechos humanos. Esta medida, afirman, es fundamental para evitar que el Estado adopte una postura de tolerancia hacia la violencia institucional y reafirmar su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos.
Jorge
Y de los kioscos que armó Rocanglia en pocos meses nadie habla? Van desde los radares en las rutas hasta la nueva decoración de patrulleros por cifras siderales, a vehículos usados que tienen la vuelta al mundo. Mientras la precariedad y el bajo salario policial se mantienen como siempre, con funcionarios que deben hacer adicionales en sus horas de descanso para llegar a fin de mes.
Lagorio
Si esto lo planteara en Alemania, España, Italia, sería un escándalo con destitución y juicio político. A LOS BOTES!
Luna
Y porqué gente como este Roncaglia, están con Frigerio, Milei, Macri, Bullrich, Villarruel, Benedic, es más que obvio.