El máximo tribunal será el próximo escenario judicial de este caso, aunque no existe un plazo inmediato para que los jueces se pronuncien. En el Senado, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, candidatos propuestos por el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte, aún están pendientes, lo que podría demorar el proceso. La defensa encabezada por Carlos Beraldi sostiene que el fallo es una “condena política” que busca proscribir a Kirchner. Esta postura fue reflejada en una carta pública de la exmandataria, quien denunció la connivencia entre sectores del Poder Judicial y la política de derecha.
La ratificación de la condena generó fuertes reacciones en el espectro político. Quien se puso a la cabeza de las celebraciones fue el presidente Javier Milei, quien en sus redes sociales calificó a la exmandataria como “culpable de actos de corrupción” y se jactó de la influencia de su Gobierno en la Justicia. “En el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente”, escribió el jefe de Estado minutos después de que se confirmar la sentencia.
Milei publicó dos posteos en la red X, uno resaltando la frase “Todo llega” con la palabra “Fin” como corolario, y el otro recordando que “en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner”. “Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Fin. VLLC !!”, celebró el presidente.
Por el lado opuesto, dirigentes del peronismo y la izquierda denunciaron el fallo como un acto de “lawfare” o persecución política. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, calificó el fallo de “farsa jurídica” y comparó el caso con el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, donde fue encarcelado por causas que luego fueron anuladas. Kicillof afirmó que este fallo busca disciplinar a los líderes populares. En el mismo tono, la exdiputada Myriam Bregman advirtió sobre el peligro de que los jueces puedan decidir quién es candidato o no, cuestionando la democracia en el país.
La idea de una “proscripción” de Kirchner en el ámbito político fue también respaldada por otros miembros del peronismo. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sostuvo que la condena es parte de un patrón histórico de persecución judicial al peronismo, afirmando que “no encontraron una sola prueba en contra de Cristina”. En este sentido, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, expresó la solidaridad de la dirigencia peronista con la exmandataria, reiterando su apoyo frente a lo que consideran una persecución antidemocrática.
Desde el PRO, la postura fue resumida con un mensaje escueto: “No es proscripción, es Justicia”.
Por su parte, el diputado Bertie Benegas Lynch fue más duro en sus declaraciones, calificando a Kirchner como una figura de “alma perdida” y acusándola de haber acumulado riqueza a costa del Estado: No solo celebró la condena “por usar el poder para llenarse los bolsillos con el trabajo y la comida de los q llamaba vulnerables y postergados”, sino que también calificó a la exmandataria como “un alma perdida que decidió el camino obsesivo y degradante del mal, lo malhabido y egoísmo agobiante e incontenible”.
La defensa de Kirchner cuenta con diez días hábiles para presentar su apelación, lo que iniciará un proceso que, según los especialistas, podría extenderse varios años. Aunque la sentencia no implica una detención inmediata, deja a Kirchner en una situación compleja en el ámbito judicial y político, mientras su equipo legal insiste en que la falta de pruebas es una muestra del carácter político de esta condena.
