En la carta, Álvarez señala que, a partir del 1 de diciembre, la Municipalidad habría incorporado personal transitorio para tareas de guardavidas que, según SUGARA, deberían ser realizadas por agentes de planta permanente. Esto, afirma, viola el Estatuto de Empleo Público y otros principios administrativos. En consecuencia, el sindicato intimó al municipio a abonar en un plazo de 24 horas las jornadas correspondientes al personal que representa, bajo amenaza de iniciar una acción por daños y perjuicios.
El gremio también denunció posibles actos de discriminación, indicando que un guardavidas habría sido contratado a pesar de contar con documentación idéntica a la presentada por otros postulantes que no fueron aceptados. Según SUGARA, esta situación vulnera principios de igualdad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Nacional y la Ley 23.592, que prohíbe actos discriminatorios.
Además, la carta documento advierte que las decisiones del municipio podrían ser revisadas en el ámbito contencioso administrativo y señala que las acciones emprendidas por la Municipalidad estarían «en medio del trámite de un recurso de amparo».
La situación es parte de un conflicto que se ha intensificado entre SUGARA y el municipio, que incluye diferencias sobre las revalidaciones físicas para los guardavidas. SUGARA ha cuestionado la legalidad de las pruebas organizadas por la Municipalidad junto con la Secretaría de Deportes de la provincia, argumentando que estas evaluaciones deberían ser gestionadas por el Instituto Superior de Especialidades de Educación Física (ISEEF), según entienden así lo estipula la Ley Provincial Nº 9826.
Por su parte, el municipio sostiene que, ante la ausencia de un Consejo Provincial de Guardavidas, que debería haber sido creado en el marco de la mencionada ley cuya interpretación está en discusión, la Secretaría de Deportes es la autoridad competente para fiscalizar las revalidaciones. Sin embargo, SUGARA argumenta que estas decisiones vulneran la normativa provincial y afectan los derechos laborales de sus afiliados.
Además, la Municipalidad defiende la implementación de una reciente ordenanza que ajusta las evaluaciones físicas a estándares más estrictos, incluyendo pruebas como nadar 200 metros en estilo crol en menos de cuatro minutos y ejercicios de rescate específicos. Según las autoridades, estas medidas buscan garantizar la seguridad de los bañistas y de los propios guardavidas. A todo esto, desde el municipio también se señaló que los exámenes médicos realizados durante el proceso detectaron problemas de salud en al menos diez guardavidas, lo que justificaría la necesidad de aplicar criterios más rigurosos.
En la carta documento, Álvarez instó a las autoridades municipales a recapacitar y entablar un diálogo proactivo para evitar mayores conflictos legales y gastos al erario público.
A mediados de octubre, SUGARA presentó una nota formal al Concejo Deliberante y una Carta Documento al municipio denunciando la ilegalidad de las pruebas municipales y advirtiendo que solicitarían la inhabilitación de los balnearios si no se reconocían las evaluaciones realizadas por el ISEEF. Con la decisión del municipio de contratar nuevo personal el conflicto parece agudizarse.
Según supo DIARIOJUNIO, este jueves habría una audiencia de conciliación en el Juzgado Laboral N.º 4, a cargo del juez interino Roberto Masara para tratar de destrabar el conflicto.
