Durante el encuentro que mantuvo con las autoridades de las dos máximas asociaciones nacionales en materia de juicio por jurados, Pagliotto afirmó que el sector que impulsa esta propuesta «utiliza argumentos aparentes para vaciar un instituto que habilita con ejemplaridad, la participación de la ciudadanía, juzgando a vecinos, como mandan la Constitución Nacional y la Provincial. Las pretendidas reformas que incentivan algunos funcionarios son excusas para sacar del poder ciudadano esta eficaz herramienta de juzgamiento de delitos”.
Pagliotto profundizó al afirmar que “mientras en otras provincias se incluyen más delitos para ser juzgados por jurados populares, Entre Ríos comienza a retroceder esgrimiendo argumentos baladíes y falaces. No existen razones reales que impidan realizar en plazos razonables los juicios. Meter manos en la ley 10.746, la más avanzada y moderna del mundo juradista, constituiría además de un crimen de lesa constitucionalidad, un enorme retroceso institucional y en términos republicanos, habilitándose, sin lugar a dudas, planteos de inconstitucionalidad».
Por su parte, Manes y Alfie analizaron los datos presentados por los impulsores del proyecto, y concluyeron que bajo ninguna circunstancia justifican una reforma que, además, «es inconstitucional porque la Constitución impide restringir los juicios por jurados una vez que son implementados». En ese sentido, analizaron que las autoridades del Poder Judicial alegan un cuello de botella que no es tal. Presentan 139 casos pendientes de ir a juicio por jurados, un número que consideran inabordable, cuando de los propios datos oficiales se desprende que más de la mitad de esos casos se van a resolver por juicio abreviado, es decir, sin necesidad de realizar un juicio por jurados. Por otro lado, señalaron que «el costo del jurado puede reducirse a través de resoluciones administrativas del propio Poder Judicial. Pero, en vez de ir por esa vía, promueven esta reforma legislativa que se convierte en un primer intento de quitarle al soberano (el pueblo) el poder que históricamente concentraban los jueces y que se resisten a perder».
Pagliotto, Alfie y Manes analizaron las estrategias para incidir sobre el proceso legislativo y evitar una reforma que afectará el derecho de la ciudadanía entrerriana a participar en la administración de la justicia penal.
