La revista Tercer Mundo de julio de 2003 titulaba: «El regalito del privado en la provincia de Entre Ríos». Según los especialistas del sector eléctrico, la empresa privada EDEER S.A. ((Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos) se retiraba de la provincia dejando un pasivo, en el año 2003, de aproximadamente 80 millones de dólares.

A dicha empresa se le había adjudicado la privatización de la EPEER (La Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos) , luego de la sanción de la Ley N.º 8.916/95.  A renglón seguido, a poco de crearse se procedió a la «intervención transitoria» del EPRE, mediante la sanción del Decreto N.º 1127/96, no cumpliéndose con el artículo 50 de la Ley 8.916/95, que establece que su Directorio deberá ser elegido mediante concurso público y ser especialista del sector energía.

Nada de eso se cumplió:

A pocos meses de su adjudicación, la compañía EDEER SA —en julio de 1997— convocó a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para solicitarle al ente «intervenido transitoriamente» la reducción de capital con endeudamiento, hipotecando las facturaciones futuras de la empresa. Esto fue avalado por el ente regulador.

Obtenida la aprobación, la maniobra consistió en calcular cuánto valía la empresa adquirida y solicitar un autopréstamo al mismo banco al que ellos pertenecían (holding), y compraron la empresa con la misma plata que la empresa generaba. «Una verdadera bicicleta financiera que permitió su vaciamiento», así concluyó el artículo periodístico.

Este procedimiento fraudulento se hubiera evitado si el directorio del EPRE hubiese estado conformado como ordena la ley provincial 8.916/95 en su artículo 50.

¿Fue el principio y el fin del fracaso de la política energética en la provincia?

Para las gestiones de gobiernos que fueron elegidos a posteriori hasta el presente, indica que no, porque el ente regulador sigue intervenido y no hay señales de que lo quieran normalizar. Los entrerrianos y entrerrianas merecemos una explicación. ¿O acaso tratan de esconder algo? El ente regulador es una institución de control del Estado provincial, y no del gobierno de turno (kiosco).

SOBRE LLOVIDO, MOJADO

La senadora provincial de La Paz (PJ), Patricia Díaz, envió un proyecto de ley para que se disuelva el EPRE y llevarlo a la órbita de la Secretaría de Energía de la provincia, argumentando que de esta manera se ahorraría dinero.

¡Qué mirada tan superficial la de la senadora!

Aquí es donde hay que meter la lupa y someter a debate este tema tan importante para los usuarios residenciales, el aparato productivo y el comercio.

UNA OPORTUNIDAD QUE NO DEBEMOS DESAPROVECHAR

Tenemos un sector energético estatal y cooperativo. No puede ser que estas empresas utilicen al instrumento de control para justificar arbitrariedades —con la complacencia de los gobiernos de turno hasta el presente—, establecido por la ley y los reglamentos, que indican cómo regular este servicio público, controlar el cumplimiento de los contratos de concesión y proteger adecuadamente a los usuarios, como lo establece el artículo 2º inciso a) de la Ley 8.916/95.

Porque ENERSA y las 18 cooperativas actúan como empresas privadas cuyo norte es el lucro, ya que la norma vigente así lo establece. Y el costo de la energía es inaccesible.

Para colmo, el ente regulador cumple 29 años intervenido transitoriamente favoreciendo solamente a las empresas que tienen la concesión de la energía eléctrica y perjudicando a los usuarios.

A MODO DE SÍNTESIS

Estamos frente a un problema estructural que abarca cinco aspectos: político, institucional, legal, técnico y tarifario.

Cuya solución debe ser abordada atacando todos los frentes en forma simultánea, dentro del marco de una política de Estado y con el mayor consenso posible de los partidos políticos, acompañada por todos los sectores de la sociedad, y respetada luego por las gestiones venideras.

Debemos fijar el precedente de ir en busca de una política energética nacional unificada, accesible, contraria a la que está vigente.