sin recursos, sin respuestas en Tribunales

La mujer, de unos 50 años, ese día estaba realizando trámites por una denuncia en fiscalía y al no ser atendida con la premura que demandaba decidió retirarse al baño. Allí se roció con combustible, luego volvió a las oficinas de fiscalía y se prendió fuego. A pesar de la intención que tenía, los presentes en el lugar lograron apagar las llamas y salvar a la mujer. Aunque resultó con algunas quemaduras.  Testigos presentes en el lugar informaron que la señora se encontraba emocionalmente alterada, ya que atravesaba una situación compleja.

El fiscal Jesús Penayo Amaya, el 11 de abril de 2023 en una entrevista a una radio de Paraná (https://medios.uner.edu.ar/concordia-la-palabra-del-fiscal-que-atendio-a-la-mujer-que-se-prendio-fuego/), explicaba que un mes antes se había entrevistado con la mujer quien estaba preocupada por un conflicto familiar por la posesión de un inmueble. Penayo Amaya explicó que el 5 de abril no estaba en Tribunales por una cuestión familiar, pero le informaron a la mujer que habían citado a los familiares para una mediación. Aunque no era un delito penal, cuestión de su competencia, adujo que lo hizo porque se trataba de una cuestión humanitaria. Ese día, la mujer se retiró normalmente. Nada hacia prever lo que paso después.

Cuando le preguntaron en la entrevista que tendría que haber hecho la mujer, Penayo Amaya explicó que, según lo que le había manifestado, los pedidos de desalojo de un inmueble corresponden al fuero civil. En ese caso, los juzgados civiles están ubicados a una cuadra, sobre la peatonal Mitre. Pero como se trata de una cuestión técnica, tendría que haber acudido a un abogado antes. Por falta de recursos, Martínez fue a la asesoría gratuita del Colegio de Abogados, seccional Concordia. Pero la mujer nunca llegó a plantear la demanda en el juzgado civil. Sola, quizás sintiéndose desamparada, decidió quitarse la vida antes a lo bonzo.

“La causa, en lo penal, el Ministerio Público Fiscal que fue donde se produjo el hecho, se auto-investigó y archivó. La causa fue en tribunales, en el despacho de Fiscalía. La fiscalía hizo una investigación de oficio y archivó la causa. No encontró nada, no encontró ningún delito”, dijo Jáuregui. Por lo tanto, desde el punto de vista penal, “el caso está cerrado”.

“Desde el punto de vista administrativo, el STJ hizo un expediente enorme e importante, pero desde el punto de vista administrativo”, aclaró Jáuregui. En ese sentido, el letrado sostuvo que la Fiscalía está “colapsada”. Eso se traduce en el archivo de causas que no revisten mayor importancia desde el punto de vista de la política criminal. “No investigan causas menores”, indicó.

Más adelante, Jáuregui sostuvo que se debería analizar por una eventual acción por daños y perjuicios contra el Estado. “Pero hoy por hoy en ese plano, antes de accionar, tenemos que analizar detenidamente la propia culpa de la víctima que una causal de la interrupción del nexo de responsabilidad”. Por ende, sostuvo que, si bien la causa no está prescripta para realizar una demanda de resarcimiento a la Justicia, “la situación no es la mejor”.

Desde el punto de vista administrativo, el abogado recordó que hubo cuestionamientos por parte del Superior Tribunal de Justicia. “Al parecer, esta mujer fue a pedir justicia, a reclamar por sus derechos, y encontró la muerte”, dijo la presidente del STJ en esos días, Susana Medina de Rizzo en esos días. “La gente que va a Tribunales no viene porque tiene ganas, viene porque tiene un problema; y al parecer como no la atendieron, la mujer se fue al baño, aparentemente –todo aparentemente porque queda en investigación-, se roció con alcohol, vino a la Fiscalía nuevamente y se prendió fuego”, remarcó.

“Yo lo que apunté y reitero en esta situación es que tendría que haber habido más comunicación entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Para defender a gente pobre está el Defensor de Pobres y Menores, que es un instituto que depende del Ministerio Público de la Defensa. No es un reproche hacia ellos porque ni siquiera se habían enterado, pero bien podría establecerse un mecanismo de comunicación más fluido entre el fiscal y la defensoría que fue lo que falló finalmente ahí, entre otras tantas cosas”, remarcó Jáuregui finalmente.