Según el informe de auditoría, el acuerdo establecía una prestación integral de servicios podológicos a todos los afiliados que los requirieran, incluyendo insumos, sin distinción ni límites, lo que derivó en una facturación mensual promedio cercana a los 16 millones de pesos durante el año 2024.

Ante la magnitud del gasto y la ausencia de auditorías previas, se realizó un relevamiento sobre los meses de noviembre y diciembre de 2024, entre los que se identificaron múltiples casos de sobrefacturación y prácticas irregulares. Además, se detectaron profesionales que superaban ampliamente las 100 órdenes mensuales, lo que incrementa el uso abusivo del convenio.

Frente a esta situación, Iosper inició una serie de acciones concretas, entre las cuales se citó a representantes del Colegio de Podólogos para exponer los reclamos pertinentes y resolvió dar de baja el convenio vigente analizando una eventual denuncia ante la Comisión Fiscalizadora.

Desde la intervención remarcaron que las prestaciones podológicas no se encuentran contempladas en el Plan Médico obligatorio ni en la mayoría de los planes asistenciales del país, por lo que su eventual cobertura debe ser excepcional y debidamente justificada. Esta situación pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en los convenios prestacionales, con el objetivo de garantizar un uso responsable de los recursos y asegurar servicios de calidad a los afiliados.