La causa, que comenzó en 2014 con más de 120 imputados y que supera una defraudación estimada en 1.200 millones de pesos, con ciudadanos concordienses entre los involucrados, comenzó a sustanciarse a partir de la denuncia que presentó por entonces el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, contra 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros que accedieron de manera fraudulenta a “compensaciones tributarias para acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial y eludiendo en su totalidad el trámite administrativo impuesto por la normativa vigente…”.