El Juzgado Federal de Pehuajó emitió un fallo a mediados de noviembre que obliga al Estado nacional a reactivar las obras financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), suspendidas desde diciembre por decisión del gobierno de Javier Milei. La medida judicial responde a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con vecinas y vecinos de 37 barrios populares de todo el país. Aquí, en Concordia, la justicia provincial, desconociendo la Ley 27453 habilitó el desalojo de unas 18 hectáreas del barrio Pampa Soler donde habitan más de 200 familias, muchas de ellas desde hace más de 10 años, que representan un tercio de las familias protegidas por la ley de barrios populares en esa zona del noreste de la ciudad y que ahora se ven bajo amenaza de quedar despojadas.