El Tribunal Oral Federal de Paraná, bajo la vocalía de Lilia Carnero, rechazó el pedido de absolución solicitado por la defensa de Eduardo Daniel Mella y Eduardo Ramón Burgos, condenados por su participación en una compleja trama de contrabando que involucró a las aduanas de Uruguay, Chile y Argentina. Según la magistrada, no se violó el principio constitucional del plazo razonable. La causa se inició en 2019, 16 años después de la denuncia inicial, y derivó en el procesamiento de 21 personas, entre ellas Eduardo Cristina, ex presidente del EMAPI (Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de Concordia), dueño de la comparsa Emperatriz, ex candidato a intendente de Concordia y "presidente putativo" de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande  (CODESAL), entidad en la que no pudo ser nombrado de manera oficial por el gobernador Rogelio Frigerio por no calificar como "ficha limpia", pero en la que tiene gran incidencia. Cristina, y otros doce imputados, arregló con la justicia pagar sumas importantes de dinero a instituciones de bien público como reparación integral, aceptando una propuesta que extinguió la acción penal.