La reciente demanda ante la Corte Suprema de parte del gobierno de Entre Ríos por una deuda de USD 175,5 millones podría tener a la represa de Salto Grande como parte de la negociación. La cifra reclamada coincide exactamente -según el sitio Infobae- con el valor de inventario que tendría la obra civil de Salto Grande, tras más de 40 años de amortización. Sin embargo, la potencial transferencia dejaría a la provincia con una deuda adicional de USD 500 millones, el costo del proceso de renovación del complejo hidroeléctrico, financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Salto Grande podría resultar una carga inviable para Entre Ríos debido a que una solución integral debería incluir la posibilidad de que la provincia participe en la determinación de los precios de la energía, y no simplemente recibir el complejo como compensación de una deuda estructural.

El influyente medio británico pronosticó la “posibilidad cierta” de que Javier Milei no termine su mandato presidencial al tiempo que recordó que Victoria Villarruel ostenta “la crucial posición de ser la siguiente en la línea de sucesión” y “está lista para todo”. ¿Pueden la sociedad y sus instituciones democráticas, se pregunta el autor, dejar pasar esto como si nada?