La decisión generó una gran preocupación en quienes trabajan en la temática, teniendo en cuenta que corre riesgo la contención de una población específica, especialmente la de adolescentes no punibles (adolescentes que de acuerdo a su edad y el acto de transgresión realizado no pueden recibir ninguna pena), cuya protección está establecida en la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Entendemos que no sólo se estarían vulnerando los derechos de aquellos que trabajan en el dispositivo -quienes cuentan con la experiencia y formación necesaria para afrontar la tarea de llevar el abordaje específico de acuerdo a las Convenciones Internacionales y recomendaciones de todos los organismos internacionales, ONG´s y otras entidades que se abocan a abordar dicha temática-, sino también el derecho de los/as adolescentes que verían diezmadas las intervenciones si las mismas debieran regresar a los Servicios de Protección de Derechos”, afirmaron desde la ATE.
Ante esta situación, desde el gremio solicitaron que se abran “instancias de diálogo reales, productivas, constructivas y participativas con el propósito de pensar alternativas ante la decisión que se ha transmitido de manera verbal en la reunión que se realizó con el personal el día lunes 4 de junio”.
