El voto que comendó el rechazo a la prisión preventiva lo hizo el vocal Pablo Garrera Allende. A su voto adhirieron los vocales Germán Dri y Clara Mondragón Pafundi. «Corresponde destacar que los ataques del letrado mencionado, más allá de su denodado esfuerzo, no dejan de ser una simple disconformidad con lo resuelto instancias anteriores y, también, se advierte de sus argumentos (tanto en formato escrito como en la audiencia oral) una reedición de lo ya expuesto. Estos extremos no son suficientes para socavar lo resuelto por la Dra. Ríos, quien dio razones de ello, reitero, más allá de la entendible disconformidad del hábil letrado querellante», dijo el magistrado, según registró UNO.
Entendió que las medidas de coerción actuales «aseguran el afianzamiento de la justicia y a las víctimas el avance del proceso, su no interrupción y el sometimiento del imputado al mismo al obligarle fijar domicilio en la jurisdicción, pedir autorización judicial para salir de la misma y otros controles (los cuales, adelanto, voy a propiciar, dentro de las facultades que vengo describiendo, sean de mayor entidad)». Los vocales le impusieron a Orrico la obligación de presentarse en forma semanal a la fiscalía de Concepción del Uruguay, todos los días miércoles o el día hábil siguiente si aquel fuese inhábil. Así, dejaron sin efecto la obligación de presentarse en forma quincenal a la comisaría del domicilio fijado.
“Eso es una barrabasada ya que la jurisprudencia reconoce que el peligro de fuga existe y tiene que ser probado en forma fehaciente”, dijo Arcusin. Y explicó que cualquier persona puede ir hasta la orilla del río, subirse a un bote y cruzarse al Uruguay. Aun más tratándose del ex presidente del Instituto Fluvio-Portuario de la Provincia. Dijo que el peligro de fuga “es mucho más latente” porque “conoce todos los barcos que atracan en la costa del río Uruguay”.
Orrico está acusado del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas al chocar en la Ruta 39, a la altura del kilómetro 123, entre las localidades de Caseros y Herrera, departamento Uruguay. Entonces, conducía un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre. En el siniestro vial murieron cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre.
La querella venía solicitando desde el principio de la causa la prisión preventiva de Orrico, con fallos desfavorables. El 5 de agosto la petición fue rechazada en primera instancia por el juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Ariel Díaz; luego, el 12 de agosto, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, a cargo de la jueza Melisa Ríos, volvió a rechazar la preventiva, pero dispuso que el imputado fije domicilio en el departamento Uruguay; prohibición de abandonar el departamento sin previa autorización de la autoridad judicial; y someterse al cuidado y vigilancia de una persona adulta.
En ese sentido, Arcusin recordó que el juez de primera instancia le había permitido fijar domicilio en Escobar, provincia de Buenos Aires para ser atendido por diversos médicos por las secuelas del accidente. Pero la jueza Ríos le preguntó que especialistas lo trataban. La respuesta fue traumatólogo, psicólogo y dentista. Y la magistrada le dijo que hay médicos de ese tipo en Concepción del Uruguay. No obstante, luego volvió a obtener autorización judicial para viajar a Buenos Aires. El abogado sostuvo que no tiene forma de saber si Ruiz Orrico viaja a Buenos Aires para atenderse con un dentista o para ir a Ezeiza y tomarse un avión.
Mañana el abogado tendrá una reunión con los familiares y la intención es realizar una marcha hacia los tribunales de La Histórica. Arcusin sostuvo que el poder judicial mide con doble vara los casos. Y recordó que el lunes 5 de agosto el juez de Garantías rechazó el pedido de prisión preventiva pero el viernes anterior, 2 de agosto, le había dado prisión preventiva a un chico que robó una batería de un auto que estaba abandonado en el boulevard Irigoyen de Concepción del Uruguay y no tenia motor ni capot ya que estaba tapado por una lona.
Más adelante, el letrado hizo referencia a que quieren que la causa se eleve a juicio oral antes de diciembre de este año. El delito de homicidio culposo, agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, puede ser penado en una escala que va de los tres a seis años. Arcusin sostuvo que pedirá la pena máxima.
