Arcusín explicó que los cuatro jóvenes que trabajaban en el frigorífico Fadel, oriundas de Basavilbaso: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, salieron a trabajar como todos los días a las cinco de la mañana en un Chevrolet Corsa bastante antiguo. Por la Ruta 39, entre la localidad de Herrera y el primer puente sobre el río Gualeguaychú, se produjo el accidente.
El querellante explicó que la Ruta 39, en ese tramo, está en “excelente estado” en momentos en que el 90 % de las rutas entrerrianas están en estado intransitable. “No hay pozos, ni huellas, ni nada”, dijo. Pero allí fueron embestidos de frente por un vehículo oficial, un VW Passat, conducido por Ruiz Orrico. El auto que conducía el funcionario se cruzó de carril, impactó de frente el Corsa destruyéndolo, y vuelve a su carril “bastante maltrecho”. Arcusín fue hasta el lugar donde observó el lugar del impacto y las huellas que dejó el aceite del motor del Passat que muestran que cruzó en diagonal la ruta volviendo a su carril y para sobre la mano en la que venía circulando. “Lo que no hay dudas es quien embistió, quien se cruzó de carril provocando que el otro vehículo no pudiese realizar ninguna maniobra evasiva”, dijo.
El letrado indicó que hay un principio del Derecho que dice que “el que choca a otro tiene la culpa”. Para Arcusín, eso ya está demostrado y aclarado. “Lo que tenemos que demostrar como querellante y el fiscal es el por qué”, remarcó.
El querellante sostuvo que pedirá el cambio de caratula. Hoy la causa se denomina “averiguación de las circunstancias” en las que se produjo el accidente. Pero Arcusín pedirá que sea “homicidio culposo” agravado por la muerte de cuatro personas. En ese caso, el Juzgado de Garantías debería citar a Ruiz Orrico a declarar como imputado. Y el mismo Juzgado “podría dictar alguna medida como la prisión preventiva efectiva o medidas sustitutivas como domiciliaria, pulsera (electrónica), presentación cotidiana en la Policía, no poder salir de Herrera donde está su propiedad o no salir del departamento Uruguay”, explicó.
Sin embargo, Arcusín sostuvo que podría agravarse aún más la acusación si se configura la figura de “dolo eventual” de comprobarse que venía a una velocidad excesiva y por la ingesta de alcohol. Algunos de los agravantes son: el conductor se da a la fuga o no intenta socorrer a la víctima (cuestión que no se dio en este caso), el conductor está bajo los efectos de estupefacientes o alcohol o exceso de velocidad.
Arcusín sostuvo que en la provincia rige la ley de “Tolerancia 0” para la conducción de vehículos con ingesta de alcohol. Pero eso sólo es válido para los controles que realizan Tránsito. A una persona que da positivo en un control se le debe retirar el vehículo y el registro de conducir. Pero en un accidente, el agravante es más de 0,5 g de alcohol por litro de sangre. Por lo tanto, no alcanza saber si tiene alcohol en sangre sino que se necesita saber qué cantidad tenía. El resultado de la pericia que realiza la Dirección de Criminalística de la Policía de la Provincia estará listo este viernes, a las 8:30, en Paraná. El abogado explicó que ese análisis sólo es para saber si da positivo. Si eso sucede, la muestra debe enviarse a otro laboratorio que define que cantidad de alcohol había.
Más adelante, el letrado sostuvo que la demora en el resultado de esa pericia es normal. Y refutó las versiones que corren respecto de que la tardanza es para “cubrir a Orrico”. Arcusín sostuvo que la gente debe entender que la Justicia tiene sus tiempos “independientemente de que sea Orrico funcionario de gobierno o que esté ligado familiarmente a una jueza de la provincia”.
Respecto de la velocidad, el abogado sostuvo que dialogó con el fiscal de la causa, Eduardo Santo, y dijo que no puede decir en donde estaba la aguja del velocímetro. En los casos de accidentes, al cortarse la energía que proviene de la batería, se suele “clavar” instantáneamente al momento del impacto. Lo que si puede mencionar es que el agravante en un choque es circular 30 km/h por sobre la velocidad máxima permitida. “En las rutas entrerrianas normalmente el máximo es 130 km/h, salvo que haya carteles que digan 100, 80, 60, 40 km/h por cruce de ruta”, etc. Como no había letreros, en el lugar del accidente un agravante sería transitar a 160 km/h.
Volviendo a la figura del dolo eventual, Arcusín indicó que un conductor que maneja alcoholizado o viaja a velocidad excesiva debe suponer que esa conducta puede generar un resultado como el que se produjo. O sea, chocar y quitarle la vida a otra persona o provocar lesiones graves. “La diferencia es como se cumple la pena si llegamos a un dolo eventual”, manifestó Arcusín. Las personas sentenciadas por un homicidio culposo cumplen la pena en libertad, excepto que cometan otro delito. Pero una pena por dolo eventual es de cumplimiento efectivo.
Por último, el letrado dijo que podría tratarse de un “leading case” ya que estaba seguro de es la primera vez que se produce un accidente con tantas víctimas fatales en el que está involucrado un vehículo oficial. Arcusín dijo que hay muchas cuestiones que están bajo la lupa como la utilización de un vehículo oficial en un día feriado. Y, aunque no fue ese el caso, también podría haber sucedido en lugares donde las rutas están en muy mal estado. El letrado pidió averiguar las causas por las que algunas rutas inauguradas hace poco, como la Autovía 18 entre la 14 y San Salvador, se haya deteriorado profundamente en tan poco tiempo. «Es un peligro de muerte porque querés esquivar un poco y aparece otro».
Ayer, el Gobierno de Entre Ríos emitió un comunicado informando que, de común acuerdo con Juan Ruiz Orrico “se ha decidido que no continuará ejerciendo el cargo de presidente del Instituto Portuario de la Provincia hasta tanto la justicia esclarezca lo sucedido en el trágico hecho que protagonizó en la ruta provincial Nº 39 en la madrugada del jueves último”.
