La organización manifestó su profunda preocupación ante el desalojo ordenado por el Juzgado Civil y Comercial de Concordia, a cargo del juez Gabriel Belén, destacando que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de derechos humanos. «Solicitamos a las autoridades responsables: Justicia y Gobierno Municipal, mediar ante la situación de extrema delicadeza en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que habitan en este barrio», expresa el comunicado.
La pobreza estructural en Concordia ha sido objeto de análisis durante años, reflejando las condiciones de vida de millones de familias argentinas. La falta de empleo, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar y la desnutrición son parte de este panorama. Según datos de la Red Infancia Robada, uno de cada tres hogares en Argentina enfrenta problemas de vivienda, lo que agrava la crisis habitacional marcada por el aumento de personas en situación de calle y la expansión de asentamientos.
El comunicado recuerda que el derecho a la vivienda está respaldado por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño. En este último, se enfatiza que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser el interés superior en cualquier conflicto.
La Red Infancia Robada solicitó a las instituciones competentes «arbitrar los medios para el cumplimiento efectivo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional» y priorizar los derechos de las personas por encima de los de la propiedad material. «Por una Navidad en paz y con dignidad, pedimos soluciones adecuadas que garanticen la seguridad, la dignidad y los derechos fundamentales de las infancias», concluye el texto.
A continuación, se transcribe el comunicado completo:
COMUNICADO DE LA RED NACIONAL DE INFANCIA ROBADA
Los niños, niñas y adolescentes son el interés superior
En el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo, más de 200 familias de Concordia, que habitan en las 18 ha en disputa del Barrio Popular de Pampa Soler, no tienen nada para festejar.
Concordia hace años aparece en los portales de noticias, por su situación de pobreza estructural, de la que año tras año, diversos gobiernos intentan explicar de diversas formas, pero la realidad es que no es más que foto de lo que hoy es la vida cotidiana de millones de familias argentinas: pobreza, falta de demanda laboral, deserción escolar en escalada, violencias intrafamiliares, abusos y desnutrición.
En Argentina, uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. La crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el aumento del número de asentamientos, inquilinización y la dificultad para acceder a la propiedad.
La Red Nacional de Infancia Robada quiere expresar la profunda preocupación que genera el desalojo dispuesto por el Juzgado Civil y Comercial de Concordia, a cargo del Juez Gabriel Belén, en el Barrio Popular Pampa Soler.
El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, ratificados por Argentina, a saber:
Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11)
Es de particular interés de nuestra red referir a la Convención de los Derechos del Niño (Art. 16:1 y 23:3) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 9 y 28).
Solicitamos a las autoridades responsables: Justicia y Gobierno Municipal, mediar ante la situación de extrema delicadeza en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que habitan en este barrio.
Por una Navidad en paz y con dignidad, bajo el amparo de la Ley 26.061, de Protección Integral para las Infancias, solicitamos se arbitren los medios para el cumplimiento efectivo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional y buscar la solución adecuada, anteponiendo por sobre los derechos de propiedad material, los derechos de las personas a vivir con seguridad, dignidad y sobre todo los derechos de niñas, niños y adolescentes que son plena y única responsabilidad de la ciudadanía toda, que está representada por las instituciones de los poderes del Estado.
Héctor
Y las chozas qué le pagaron a la ONG techo no era la solución ???
Degenerados impunes.
¿Y la apertura de la CAusa Alfonzo? con testigos protegidos.
Quedó preso un peregil. ¿que pasó con los hijos y usufructarios del poder de esa jornadas? ¿De las combis?