Osuna destacó que Milei, en un primer momento, declaró la emergencia en ocasión de la Ley Bases y la sostuvo. «Finalmente con muchísima discusión en la Cámara de Diputados terminó respaldada y eso fue sacado en el Senado», remarcó.
«La verdad es que nosotros entendemos que el rechazo va atado a una propuesta que es regresiva. Sostener el bono de $ 70.000 nos parece que realmente es un bono que ha tenido una notable devaluación. Es lo que se viene planteando desde el inicio de la gestión», indicó la legisladora entrerriana.
El Presidente decidió eliminar medidas como el incremento de 8,1 por ciento y el ajuste de haberes a tono con la inflación. Sin embargo, desde Unión por la Patria y otros bloques aseguraron que se insistirá con la aprobación del proyecto, que ahora retorna a Diputados.
«La verdad es que lo que estamos planteando en la ley que obtuvo la doble sanción era un punto de partida razonable. No era ninguna locura», indicó. «Los vetos que están en el vetos son fundamentos frágiles que tienen un sostén serio», indicó.
Osuna destacó que están movilizados por encima del debate que se de al interior de las Cámaras y de cuantos votos se reúnan para rechazar el veto sino que están analizando. Por ello, apuntó a la solidaridad ciudadana que los legisladores entienden que debe surgir y acompañar. Por ello, sostuvo que están peleando por reunir un millón de firmas para sostener el proyecto y el consecuente debate en el Congreso para rechazar el veto del Ejecutivo.
La legisladora remarcó que se debe transitar por el procedimiento legislativo usual para arribar a la sesión donde se trate el tema. Mientras tanto, los diputados van realizando diferentes actividades. Una de ellas es un intercambio con los legisladores, sobre todo con quienes votaron la ley vetada. «Estamos cerca de poder consolidar el rechazo al veto pero es una cuestión de la idea y vuelta de todos estos días», indicó.
La otra es generar conciencia en los ciudadanos de que se respete lo que votó uno de los tres poderes que conforma la República como el legislativo. Y mostrar cual es la consecuencia de no mejorar el poder adquisitivo de los jubilados.
En esa línea, la ex intendenta de Paraná sostuvo que los jubilados, amén del menguado ingreso que padecen por estos meses, deben afrontar una restricción en el acceso a 44 medicamentos debido a la reciente resolución del Pami que los deja sin una cobertura del 100 %. «Hay un maltrato manifiesto a personas mayores, a pensionados», indicó. Osuna dijo que hay remedios que sirven para tratar la presión arterial alta como el atenolol. En marzo pasado costaba $ 6.200 y ahora la caja por 30 unidades vale $ 15.000.
Los jubilados además deben hacer frente al aumento del costo de vida como el resto de la población que ve como se incrementan los alimentos, la energía, los alquileres, etc. «Realmente se exponen a personas mayores que han aportado al bienestar de todos a una situación de una política previsional regresiva e inhumana», remarcó.
Osuna sostuvo que hay siete millones y medio de jubilados en el país y, de ellos, más de cinco millones personas reciben la jubilación mínima. Por ello, apuntó que se debe tomar en cuenta cuales son las implicancias de las políticas actuales. «Tienen consecuencias graves y la muerte está a la vuelta. He ido a la farmacia de mi barrio y que el empleado me cuente el dolor que le provocan las personas que vienen con tratamientos y están impedidas de continuarlo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre le damos?», se preguntó.
A su vez, dijo que la provisión de medicamentos en centros de salud y hospitales están «absolutamente restringida». En ese marco, indicó que en un encuentro que mantuvieron con médicos neurólogos que deben tratar patologías tales como ACV (Accidente Cerebro-Vascular), les indicaban que los medicamentos para acompañar los tratamientos en el sistema de salud no se los cuenta o hay stocks en dosis mínimas. «Como son problemas crónicos, no resuelven la continuidad del tratamiento. A lo mejor la persona los tiene estando internados durante tres o cuatro días y después ‘que te vaya bien'», sostuvo.
La legisladora sostuvo que lo que sucede con los jubilados es «una muestra de la Argentina que hay». Además de la falta de actualización de sus haberes mínimos, del recorte al subsidio de los medicamentos para tratar enfermedades crónicas, hay que sumar la represión policial de la que fueron víctimas los pasivos en las inmediaciones del Congreso la semana pasada. Osuna recordó que ese día había una reunión con los organismos de derechos humanos debido a las medidas que van a tomar con los diputados que fueron al penal de Ezeiza a «visitar genocidas». «Al mismo tiempo teníamos en la puerta de la Cámara esta situación. Realmente tenemos cotidianamente este tipo de problemas», indicó.
Tampoco aceptó el argumento del Ejecutivo de que no hay una previsión presupuestaria. En ese sentido, dijo que este año el Presidente no quiso enviar al Congreso el presupuesto 2024 y comenzó a gobernar con el de 2023 pero debió ir haciendo readecuaciones en diversas partidas a medida que iban pasando los meses ya que era imposible sostener el mismo ejercicio, con una devaluación como la diciembre pasado, en el medio. Y, a mediados de septiembre, el Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto 2025. Por ello, los legisladores se anticiparon al ingreso del ejercicio contable del año próximo para que se debata los recursos con los que se financien los haberes previsionales. «Estamos a las puertas del ingreso de un nuevo presupuesto. Ese debate se debe dar sí o sí», manifestó.
Más adelante, Osuna remarcó que el argumento consistente en que «no hay plata» o que hay que sostener el déficit fiscal «es ficticio». «El déficit fiscal es mentiroso y está como una gran mochila en la espalda de los que menos tienen porque en la Argentina hoy hay sectores que están ganando mucho», subrayó. Como ejemplo, mencionó que vio hace 15 días el balance la empresa Mastellone (La Serenísima) que vende entre un 15 u un 20 % menos de leche fluida, leche en polvo, quesos y yogures. Pero en el balance había ganado más que en noviembre o diciembre del año pasado con los aumentos de precios. «Lo que pasa es que la consecuencia de esas decisiones tiene el aval de un gobierno que no cuida la alimentación de los niños y niñas, o de los adultos mayores o de personas enfermas, ya que no hay control de precios alguno. Estamos en una coyuntura realmente compleja», dijo Osuna por último.
